26/4/09

Propuesta de políticas económicas transformadoras contra la crisis


Daniel Albarracín. Marzo de 2009


Aunque sea un ejercicio exploratorio e inicial ya pueden identificarse líneas de actuación para enfrentar la crisis desde una opción favorable a los y las trabajadoras y que no se pliegue al modelo económico vigente. Vamos a intentar enunciar algunas propuestas clasificadas en dos niveles: medidas defensivas o de resistencia, y medidas de transformación o a la ofensiva.

1. Medidas defensivas y de resistencia

Las medidas defensivas las definimos como todas aquellas que tratan de proteger y mantener las condiciones de vida de los y las trabajadoras para esquivar las consecuencias de la crisis. Entre ellas cabe incluir, principalmente, la mejora o extensión de la protección social de desempleo, el mantenimiento del poder adquisitivo, y la compensación con servicios públicos de servicios a la ciudadanía.


En materia de las políticas públicas la opción primera es tratar de sostener aquellas políticas de inversión y de mantenimiento del consumo, y las políticas sociales para evitar las consecuencias más dañinas del desempleo, la pérdida de derechos y la exclusión social. O inclusive iniciar líneas que supongan la creación de actividades y empleo público en áreas de preferencia y utilidad social general.


Asimismo, mantenerse firme en la no aceptación ante reformas laborales que incrementen el grado de precarización del mercado de trabajo. Aún si bien, cabe decir, es tal el grado de flexibilización que la crisis activará toda esa laxitud regulatoria para ocasionar auténticos estragos. Esto es, en las actuales condiciones no es suficiente con no aceptar más reformas neoliberales, sino que es necesario, para simplemente mantener las condiciones de vida, empleo y trabajo, realizar reformas en sentido contrario, empezando por contestar a las medidas regresivas de la última reforma, porque de otro modo, el gobierno, chantajeado por una patronal crecida, seguirá legislando reformas, regresivas en su balance conjunto, sin contar con los sindicatos.


En cuanto a la negociación colectiva y el derecho del trabajo debería afianzarse y reforzarse su regulación y eficacia, inclusive por encima de la desarticulación que está generando el propio ámbito del derecho mercantil (ley concursal, subcontratación, etc…) en cuanto al desdibujamiento de la responsabilidad de la tutela empresarial respecto al empleo y la producción. La identificación de la responsabilidad de la tutela de las empresas matrices respecto de las auxiliares sería un primer paso, asignando una responsabilidad personal al accionariado respecto de sus empresas.


Ni que decir tiene que no parece admisible la destrucción de empleo en empresas con beneficios y que no se exija la devolución de las ayudas públicas a empresas que se relocalizan cuando son absolutamente viables donde están instaladas.


También debe plantearse un nivel de reinversión del excedente en forma de reservas en el balance empresarial destinadas a la renovación tecnológica innovadora y sostenible ecológicamente. El impuesto de sociedades debería incrementarse a aquellas empresas no socialmente responsables en estas materias. Y para ciertos sectores considerados estratégicos de la economía (sistema financiero, energético, telecomunicaciones, industria, etc…) debería legislarse para exigir un nivel de reservas, y por tanto, de reinversión determinados, con contenidos preferentes.


También debería legislarse para regular el nivel de dividendos repartidos cuando los niveles de beneficios no superen cierto umbral primando la reinversión.


Debe exigirse, en suma, una normativa que traslade un porcentaje del excedente, de los beneficios, para engrosar las reservas de los balances empresariales. Y estas reservas deben destinarse a contenidos de actividad concretas como son:

a) Desarrollo e innovación de productos sostenibles y de valor añadido (socialmente útiles, generadores de bienestar, ecoeficientes energéticamente, etcétera).

b) Renovación aparato industrial hacia el empleo de tecnologías diseñadas para su sustentabilidad ecológica (ahorro, ecoeficiencia y fin de la obsolescencia planificada) y su ergonomía, basado en el uso de materias primas preferentemente sostenibles (energías renovables, minimización de residuos no biodegradables, conversión de productos producidos con sistemas de obsolescencia planificada hacia productos duraderos, ...)

c) Apertura de departamentos de I+D+i.

d) Reinversión en sistemas industriales de mayor eficiencia, menor uso material de productos intermedios, y nuevos componentes de servicio de valor añadido.


Para aliviar y facilitar la transición del ciclo negativo deberían plantearse políticas sectoriales públicas para potenciar los sectores económicos más saludables, viables y punteros, coadyuvando con ayudas públicas (con destino definido y vinculante) para la reconversión del aparato destinado a sectores en declive. Por ejemplo, como la actividad de construcción de nueva edificación podría transferirse a una nueva línea industrial de la rehabilitación y reforma de la edificación ya existente, de cara a su conversión en tanto que arquitectura sostenible y accesible (calefacción, instalación de paneles solares, aislamiento de los hogares, sistema de aguas y de electricidad eficiente y no despilfarrador, ascensores, etc…). Las inmobiliarias, mediante políticas fiscales que castiguen las viviendas en desuso o vacías para favorecer el parque de alquiler, deberían intermediar este nuevo producto. En el sector turístico la actividad ligada al “sol y playa” debería reconvertirse en una línea de servicios desestacionalizados y diversificados con más turismo cultural, de congresos, urbano y de interior, rural y ecológico que potenciase una industria de renovación de los contextos turísticos basada en la regeneración ecológica, la cultura y la industria del ocio. La industria del automóvil debería reconvertir su aparato productivo para una industria ligada a vehículos basados en energías más sostenibles (coche eléctrico, etc…) ligado asimismo a una cultura del transporte colectivo. Y así un largo etcétera.

2. Medidas de transformación a la ofensiva

Incluimos aquí aquellas medidas que, favorables al bienestar social, son comprensibles por la población, son viables en función de los recursos disponibles (naturalmente, cuestionando el sistema de propiedad y distribución de los mismos) y exigirían una alteración parcial o total del modelo político, institucional y económico vigente, considerando que la respuesta sólo puede ser válida si trasciende las fronteras nacionales.


Una crisis de financiarización como ésta debe resolver el desorden causado por la desregulación financiera. Para ello debe levantarse el secreto bancario de las entidades que sitúan sus tipos de interés bancario más allá de una banda sobre los tipos de interés oficial, debe establecerse un control de los balances que garanticen la solvencia financiera y la transparencia de sus balances contables. Debe acabarse con los paraísos fiscales. Debe finalizar la política de movilidad libre de los capitales, regulando las conductas, duración y destinos de las inversiones. También debe acometerse la regulación fiscal de las inversiones financieras y de las sociedades de inversión (hedge funds o fondos de inversión libre, private equity o capital riesgo, fondos soberanos, etc…), la garantía de inversión responsable de fondos de pensiones, etcétera. A ser posible a la escala más internacional posible.


Así, ante la debacle del sistema financiero debe abordarse sin complejos la participación pública activa en el accionariado del sistema financiero y con la idea de fijar nuevos criterios de asignación del crédito (margen de intermediación financiero acotado, garantía de solvencia bancaria) y preferentemente la conformación de una banca pública que integre los bancos que inevitablemente habrá que intervenir.


Cualquier salida debe basarse en un régimen fiscal sustentado principalmente en las rentas del capital y sobre el patrimonio y en un régimen fiscal sobre todo directo, progresivo y redistributivo. Ni que decir tiene que el protagonismo de lo público es decisivo para salir de la crisis, pero no para salvar a quienes la han causado sino para instaurar un nuevo modelo económico que articule iniciativa pública, plan indicativo y mercados regulados, con nuevos criterios de asignación de los recursos que permitan salir de esta situación de difícil reversibilidad sin grandes costes humanos. Los criterios económicos deben sustituir la maximización de la rentabilidad por la satisfacción de las inversiones realizadas, la minimización de los costes sociales y ecológicos y la maximización de la eficiencia, la viabilidad y sostenibilidad de las entidades económicas, y la gestión democrática y reasignación social del excedente, bajo la toma de conciencia de articular la satisfacción de las necesidades sociales y los límites ecológicos del planeta que ya imponen un horizonte de moderación de la producción, de ahorro energético y de materiales, y una nueva política contra el despilfarro y minimización de los residuos.


La vivienda debe ocupar una línea de actuación, por su necesidad, problemática y oportunidad histórica. La situación está siendo un corsé tanto para una amplia generación con enormes imposibilidades o dificultades de emancipación como para todas aquellas que han contraído una deuda vital que supone su primer gasto familiar. En cambio, el volumen de viviendas vacías o en desuso permitiría alojar adecuadamente a todas esas personas, y bastaría con una política que gravase duramente el mal empleo o infrautilización de las viviendas y fomentase el alquiler en condiciones asumibles, acabando con los incentivos fiscales al patrimonialismo, para aliviar sensiblemente este problema que es bien comprendido por la mayor parte de la sociedad, especialmente los y las trabajadoras jóvenes.


Es preciso abordar una reforma del mercado de trabajo con una orientación garantista de derechos, de asignación adecuada de responsabilidades del accionariado y empresariado respecto a la viabilidad de la producción y respecto con las plantillas de empresas matrices y auxiliares, con un modelo de empleo estable (aunque los puestos en los que uno desarrolle su actividad cambien a lo largo del tiempo), que apueste por la reducción de la jornada de trabajo y el reparto de todo el trabajo sin reducción salarial, y que de pie a la participación de los y las trabajadoras en la definición, diseño, gestión y desarrollo de la organización de la producción y del trabajo.


En suma, esta opción exige una alteración de los criterios económicos de asignación, producción y reparto de los recursos y ello no será posible sin una participación popular, en la que los sindicatos deberían cobrar un gran protagonismo, y apostar por una alteración de las relaciones de poder. Podemos no asumirlo pensando que con ello evitamos el conflicto. Lo que sucede es que el conflicto mientras tanto lo imponen otros, con sus reglas de juego, con un sistema en permanente crisis, con todas sus consecuencias golpeando las condiciones de vida de los y las trabajadoras y de los países del sur. Sólo podrá acabarse con ese tipo de tensión enfrentando un desafío como es el de tratar de superar la injusticia e ineficiencia de un sistema obsoleto y agresivo como éste.

20/4/09

La necesaria revisión de las miradas económicas de la izquierda para poder enfrentar la crisis económica


Daniel Albarracín. Marzo de 2009.

Estas notas son una mera reflexión inicial e introductoria, unas primeras ideas a perfilar. La construcción de una salida a la crisis es una labor colectiva en la que la inteligencia y fuerza social de muchas organizaciones, colectivos y personas deben aunar diálogo y esfuerzo.


1. Un diagnóstico de la crisis actual


La crisis en curso no es una crisis cualquiera. Y no sólo se trata de una crisis de liquidez o de confianza, o que tenga un origen remoto e inevitable (una economía internacional en abstracto) al que debamos plegarnos sin más.

Aparte del contexto de crisis ecológica y de materias primas (agua, alimentos y petróleo) vienen a coincidir una crisis industrial periódica y un tope al recorrido de recuperación de la tasa de rentabilidad (que se había recuperado desde la crisis de los años 70). La crisis actual sólo tiene como factor desencadenante la crisis inmobiliaria y el colapso de las hipotecas subprime y el ascenso de la morosidad. Tiene como factor dominante un fenómeno de endeudamiento masivo y extraordinario de Estados, familias y empresas. Y, más en el fondo, como factor determinante, una extensión de una financiarización de la economía en la que la desregulación de los mercados y sistema financieros, y la succión del excedente económico por éstos de la economía productiva, han supuesto un estrangulamiento de la inversión. Añadido a esto esta variable se ha visto contraída merced la extensión de políticas de desinversión rentable y de reestructuración productiva, al tiempo que de agudización de las políticas de reforma social y laboral encaminadas a aumentar las tasas de explotación en estas últimas décadas.

Las tasas de rentabilidad, con resistencias socioeconómicas a mayores alzas, han sido insuficientes para hacer frente a los flujos de devolución de las deudas y, ante el colapso de ciertos mercados hasta ahora en auge, han generado una espiral perversa de solvencia, liquidez y confianza que han deprimido la demanda (inversión y consumo) y, en consecuencia, las condiciones y expectativas de beneficio que es lo que interrumpe en este momento este último ciclo rampante de crecimiento.

Para poder enfrentar con mínima eficacia y credibilidad esta crisis antes que nada debemos fijarnos en los procesos determinantes y dominantes de la misma, con lo que la regulación y reorientación de los mercados y sistemas financieros deben formar parte de cualquier paquete serio de medidas de actuación.

Y las salidas adoptadas por los gobiernos internacionales, más allá de unas reuniones que operan tímidas una concertación mínima hacia una política monetaria tendente a unos tipos de interés reales casi nulos, y una enunciación de medidas de regulación financiera aún sin concreción práctica (paraísos fiscales, control fondos de inversión agresivos), no son capaces de salir de la actual “trampa de la liquidez” y diferentes modalidades de socialización de pérdidas en rescate del sistema financiero. El gobierno español no propone más que medidas tímidamente keynesianas a favor del capital, y en el mejor de los casos tímida e inútilmente a favor del consumo (400 euros de deducción fiscal) o de la inversión en infraestructuras municipales con efectos multiplicadores más que dudosos. La modalidad suave de socialización de pérdidas no impide afirmar la misma orientación a favor del capital del gobierno español.

Por último, se ha emprendido una reforma del mercado de trabajo en España que erosionará los ingresos de la Seguridad Social con medidas, entre otras, como la conversión de las prestación de desempleo en bonificaciones en la cuota, que no solamente es ineficaz para crear empleo, sino que simplemente engrosa el excedente empresarial a costa de un salario indirecto, sin garantías de nada (1 año de duración del contrato), y que además es inconstitucional porque discrimina a los parados de larga duración que ya no perciben prestación. Por otro lado, la medida de incentivación del empleo a tiempo parcial no sólo es una atrocidad porque reduce drásticamente las cuotas a la seguridad social de esta figura contractual, sino que también es una invitación a un amplio efecto sustitución del empleo a tiempo completo por éste, seguramente con un gran efecto en sectores como servicios personales, hostelería y comercio, entre otros, sino que también se traducirá en una reducción de ingresos salariales, un incentivo al aumento de la economía irregular (las personas para llegar a fin de mes estarán dispuestas a trabajar horas extras), y una ficción estadística en la minoración del aumento de la tasa de desempleo. El resto de medidas, aún sin ser negativas, hacen recaer todo su peso sobre los fondos de la Seguridad Social, o en líneas de crédito ICO que son nuevamente una subvención estatal hacia el capital, y en ningún caso en el compromiso o esfuerzo empresarial. Puede decirse, que si quiebra algún día la Seguridad Social se deberá a que el Estado está más dispuesto a respaldar la irresponsabilidad del sistema financiero privado que a respaldar los mecanismos de solidaridad pública con los y las trabajadoras.

En definitiva, el panorama no nos ofrece soluciones a la crisis, y, de no hacer nada, sus consecuencias serán bien duras y duraderas.


2. Reflexiones críticas en torno a ciertas concepciones de análisis económico.


En los últimos años, incluso en los sindicatos, se ha observado una influencia de ciertas interpretaciones económicas convencionales que podrían estar, en algunos casos, en consonancia, afinidad, conformidad o asunción de la inevitabilidad del tipo de funcionamiento y orientación del modelo económico en curso. Lo que sigue aquí trata de reflexionar sobre algunos problemas que entraña aceptar algunos conceptos y esquemas sin crítica.

En la última etapa, por ejemplo, el discurso sindical se ha ido pergeñando para ir dando respuesta a la situación desfavorable de la economía española y sus efectos para los y las trabajadoras. El discurso se ha vertebrado para contestar al discurso de competitividad individualista basada en los bajos costes oponiendo a éste un discurso que podríamos denominar de la competitividad nacional basada en el valor añadido. Este segundo discurso se proponía desarrollar un cambio de modelo productivo basado en políticas sectoriales que generasen un modelo de ventajas comparativas de la economía española en el marco internacional y que favoreciese una sustitución de empleos descualificados y, por consecuencia, vulnerables, por otros más cualificados y, por tanto, más estables y decentes.

Este discurso, no obstante, supone admitir dos pilares del modelo vigente. Por un lado, la asunción de una perspectiva primordialmente enfocada en un solo país, y, por consiguiente, limitar la acción representativa del sindicato a los y las trabajadoras nacionales –subordinando la solidaridad internacional a este objetivo-. Por otro, supone la asunción de la competitividad como mecanismo básico de estímulo, sin realizar una crítica a su funcionamiento. Una cosa es apostar por la eficiencia y otra muy distinta por la competitividad, que no es más que una relación de pugna por los mercados que, en teoría, debería estimular la mejora de cada competidor. Pero los regímenes oligopolísticos, el abuso de poder de mercado, y los obstáculos y rivalidad mutuamente interpuestos, alejan al sistema de competencia de la asignación óptima de recursos y de la propia eficiencia global. En este sentido, si hay efectos indeseables de la lógica del mercado capitalista de estas características la referencia debería ser tratar de gobernar los mercados, regulando el comportamiento empresarial y las relaciones mercantiles para reorientar sus prácticas y fines, así como dando una línea preferente al protagonismo de las políticas públicas (regulación financiera, régimen fiscal, inversión pública, etcétera) basadas en un modelo de control de costes y orientado democráticamente a las necesidades sociales que pueda reconducir los esfuerzos humanos y recursos económicos hacia un modelo productivo avanzado. Dicho de otro modo, hay que insistir en lo que tiene de político la economía.

Un argumento que se esgrime también como una costumbre sin cuestionamiento es el que trata de los “factores productivos”, refiriéndose a capital y trabajo, aunque podría incluirse también a la tierra, y la asunción de que cada uno de ellos tienen una legítima remuneración que percibir (beneficios, salarios y rentas) en función de un equilibrio pautado por el mercado. Este tipo de aproximación es propia de los clásicos, en particular de Adam Smith, aunque también de los neoclásicos, que presuponen un orden económico armónico, sin conflictos. En esta concepción el sistema productivo no ocasiona problemas estructurales entre clases sociales, y cada actor aporta al conjunto, sin más desajuste que posibles roces de oposición complementaria. Es una interpretación que minusvalora el papel del trabajo y sobrevalora el de los propietarios del capital. Detrás de esta argumentación técnica, como vemos, hay una concepción política determinada.

Quizá, y convenga ahora aquí señalarlo con más claridad al estar más en boga por una buena parte de la intelligentsia de la vieja dirección, también haya diferencias de interpretación en lo que concierne al papel de los salarios y sus efectos en el empleo y, conjuntamente con en el papel del déficit público, en la “competitividad del país en el concierto internacional”.

Como ya hemos venido señalando, hay quien insiste en que un “comportamiento no moderado de los salarios” puede ocasionar un problema en el proceso de crecimiento económico y, por tanto, en el empleo, al funcionar la economía en un marco de competitividad de mercado internacional. Hay quien indica que los salarios con su efecto a favor del consumo no compensarían su influencia en la demanda por la destrucción de empleo que causarían en los costes laborales. Esta interpretación que culpabiliza los salarios asume que el capital invierte en función de la estructura de costes de las inversiones y, parece deducirse, entendería que el coste laboral es el principal de todos ellos. Ignoraría, o no fijaría la atención en que la estructura de costes es compleja y cabe incluir en ella el coste de las materias primas, de la tecnología, del inmovilizado, de los costes financieros (el tipo de interés real, donde se conjugan tipos de interés y su brecha del oficial al bancario hasta la necesaria deducción de la inflación) o, inclusive, en la importancia decisiva del régimen fiscal, o de las ingentes subvenciones al capital (en formas diversas como subvenciones directas, créditos blandos, compra de activos de la banca, bonificaciones a la contratación, etc…), o, en última instancia y de manera decisiva, las expectativas de beneficio de un entorno determinado de cara a explicar las nuevas inversiones. En este sentido, este planteamiento al poner el peso de la evaluación principal de los costes en los laborales, es encasillable en un esquema neoliberal muy próximo al que hace la patronal. En suma, se trata de un argumento que no da concesión ni credibilidad, ni teórica ni práctica, a la posibilidad de regular los mercados, la posibilidad de la intervención pública (preferentemente internacional) para establecer criterios que no constriñan toda decisión e inversión económica a la rentabilidad, y además no estudia otros tipos de costes sobre los que se pueda incidir para mejorar las condiciones de beneficio de un país o mercados determinados.

Sólo si se asume (por convicción o por un sentimiento de impotencia) que las reglas del mercado competitivo y de la rentabilidad son las únicas posibles, y no pueden ser sujetas a norma o corrección alguna, y sólo si se entiende que el único coste para el capital sea el laboral, es razonable pensar que un incremento del salario ocasionaría una destrucción de empleo (en la fracción competidora, sea empresa o país, con peores ratios de costes). Sí, porque dejados a su libre albedrío las fuerzas y reglas de los mercados competitivos internacionales una variable a contemplar son los costes salariales y las decisiones de inversión del capital transnacional pueden verse condicionadas por este factor. Ahora bien, incluso ni en una concepción neoliberal pura, ni hasta el ejecutivo financiero más agresivo, se aceptaría que sea el coste laboral el único a contemplar. Sí, porque hay que atender a otros factores como la cualificación de la fuerza de trabajo, la estabilidad del país y la credibilidad de los agentes garantistas de la ley, la proximidad y fiabilidad de los intercambios mercantiles, la dotación de recursos del entorno (materias primas, tecnologías, saberes, etc…), el régimen regulatorio o fiscal, etc… del entorno donde se invierte, y el coste laboral no es más que un punto más entre otros.

Bien es cierto que puede argumentarse que el capitalismo y la competencia son globales y que las actuaciones a escala estatal pueden contrarrestar difícilmente las fuerzas del mercado a escala mundial, especialmente cuando los mercados financieros plantean un castigo a los gobiernos díscolos. Pero, admitiendo que esto es así, puede de nuevo argumentarse que la respuesta puede ser distinta al plegamiento a la globalización capitalista sin regulación. También se podría, y debería desde un sindicato de clase internacionalista, concebir y contribuir a un modelo de construcción europea, si no es de mayor alcance, en el que se articulen mecanismos públicos de regulación e intervención democráticos que gobiernen los mercados, homogenicen unas reglas fiscales avanzadas, unos derechos sociales y laborales más dignos, y, en suma, un Estado del bienestar europeo, y que redefinan el criterio de asignación económico de inversión y remuneración que impone la lógica del beneficio privado y la desregulación del movimiento de capitales y del mercado.

Por otro lado, debe advertirse que el mantenimiento de las masas salariales en la composición del PIB no pueden ser causa de mayores desastres, sino más bien un amortiguador de la demanda y una contención a la intensidad de la crisis, aunque en sí mismo no pueda representar una salida. En efecto, las cuentas del empresariado particular salen mejor si se les bajan los costes laborales, pero a continuación, si la demanda se deprime porque las rentas salariales globales bajan entonces el negocio no está tan claro. A este respecto, solicitar un crecimiento del 2%, más la ganancia de productividad y una preventiva cláusula de revisión sólo puede representar, en el mejor de los casos, una pequeñísima recuperación del poder adquisitivo perdido, siempre en caso de una economía sin destrucción de empleo, y si aceptamos el IPC que es de por sí un indicador impreciso del coste de la vida. En un contexto de crisis, las ganancias de productividad generadas por la destrucción de empleo convierten en extraordinariamente prudentes las demandas salariales planteadas por CCOO y UGT, porque las ganancias de productividad se elevarán y difícilmente se reflejarán en las nóminas mientras que posiblemente sí lo harán en los excedentes empresariales.

Una vez dicho esto, también debe reconocerse que en el actual y próximo contexto el papel a favor del consumo de los salarios es sólo una medida con efectos defensivos para sostener la demanda. En un contexto donde el excedente se detrae formidablemente por los mercados financieros –en forma de dividendos y devolución de los intereses de las enormes deudas contraídas-, y la tasa de rentabilidad se desinfla ante la desaceleración de la inversión y del desincentivo al consumo global, el efecto anticíclico de los salarios será limitado. Si no se actúa en la regulación de los mercados financieros, en la voladura y reconducción controlada del capital ficticio, la intervención, control y gestión pública del sistema financiero en sí, y la derivación de los recursos hacia inversiones productivas –aún sin esperar las tasas de rentabilidad de antaño-, la reactivación económica tardará en llegar. La destrucción de empleo será un hecho, pero no porque los salarios se sostengan, sino porque los vectores estimulantes de la economía capitalista se han desactivado y no tienen visos de revivir, no sin una sangría de enormes proporciones del aparato productivo que permitiese reducir los mercados y reestructurar y encoger el tejido productivo hasta conseguir una dimensión (desinversión rentable) que haga posible una recuperación transitoria de la tasa de beneficio.

Para una nueva activación realista sólo el sector público, con criterios muy distintos de los que han funcionado hasta ahora, y con una orientación social radicalmente opuesta, puede concertar una salida que relance la economía con criterios de viabilidad (que los retornos satisfagan los recursos empleados), eficiencia, solvencia financiera y sostenibilidad del bienestar social y ecológico. Para ello la conjugación histórica de Estado y Mercado deben alterarse. El Estado no debe ser el socorrista del Mercado y garantista o restaurador de su rentabilidad. Sino que el Estado, con una naturaleza social que responda a intereses sociales populares y bajo un gobierno con una composición de clase laboral, debe servirse de todas las instituciones sociales (empresas, poderes públicos, mercados, sindicatos, sociedad civil, etc…) para establecer unas reglas de juego distintas que movilicen los recursos socioeconómicos con parámetros alternativos al de la rentabilidad y la producción insostenible y que respondan a las necesidades sociales y respete la sostenibilidad de la naturaleza.

Si seguimos el debate con los temerosos de un presupuesto público desequilibrado, el déficit público merece atención y moderación, dentro de una posible oscilación contracíclica. Pero si de verdad nos preocupa debemos identificar las causas que lo ocasionan, las fuentes de ingresos (salariales o del capital) y regímenes fiscales (impuestos directos e indirectos , grado de progresividad) y los contenidos de las partidas presupuestarias de inversión y gasto deberían ser nuestro foco de atención, porque de ahí se deduce la base de prioridades de las Administraciones Públicas. Y, puede decirse, que frente a las políticas sociales o la inversión pública, en este caso una causa del déficit podría identificarse, por qué no, en las ingentes subvenciones al capital, en diferentes formatos, de las que habría que ver si finalmente su destino mereció la pena. Y, más recientemente el arriesgado modelo de compra de activos de dudosa solvencia en rescate del sistema financiero sin ni siquiera plantearse un condicionamiento u orientación de su comportamiento (más allá de los sermones de que hay “que conceder más crédito”, imposibles de cumplir cuando la banca está preocupada por atender en primer lugar su difícil situación de solvencia). Si es que no aludimos a otras clásicas críticas como puede ser la composición y gasto en armamento y aventuras militares. Es posible que en los próximos años los gastos de la seguridad social incurran en déficits, pero eso no puede ser sino la consecuencia de una crisis causada por un modelo económico que debería cambiarse, y que se ha propuesto a salvar y defender a los responsables de la misma, y un amplísimo desempleo facilitado por una regulación laboral flexible –que ahora además incluye una nueva reforma laboral que detraerá más recursos de la seguridad social-, y unas altas tasas de temporalidad, alta presencia de actividad de subcontrata, empleo de autónomos económicamente dependientes y empleo irregular, que, ante el desarrollo de la crisis, generará vulnerabilidad y exclusión social de grandes proporciones y un aumento, como mal menor, del gasto en protección social.

La socialización de pérdidas, bajo cualquier modalidad ejercida, no puede ser una opción, porque eso supone sacrificar a las mayorías a favor de la minoría que ha causado el actual desaguisado. Efectivamente, el recurso al déficit público para rescatar al sistema financiero y a la serie de sectores (como el automóvil, entre otros) que van a solicitar ayudas no puede sino causar un colapso en los mercados de deuda pública, en un contexto internacional que va a hacer difícil su asimilación por los mercados financieros, al tiempo que una postergación y aumento en el tiempo de los problemas.

Naturalmente, un presupuesto público equilibrado, o tendente al mismo es conveniente, con lo que deberá aconsejarnos cierta austeridad. Pero el ahorro puede y debe centrarse en aquellas partidas que sean menos prioritarias y aumentar las que sí lo sean. Y en este momento, lo prioritario es estimular una economía del bienestar y ecológicamente sostenible que no puede tener mejor actor que la inversión pública selectiva, la regulación de los mercados y del sistema financiero, a ser posible en un marco internacional ampliado. Lo que no es admisible es seguir confiando en un sistema e instituciones económicas que han demostrado un rotundo fracaso, dar recursos a un sector financiero y algunas industrias privadas que no corrigen sus excesos, que no orientan adecuadamente sus recursos, que no invierten en la remodelación de sus estructuras tecnológicas y productivas, y cuyos criterios de gestión sólo les beneficia a ellos.

Si no se evita, y de momento no es así, el sacrificio caerá con todo el peso sobre las espaldas de los y las trabajadoras. No sólo por la moderación y pérdida de poder adquisitivo de todos estos años (el coste de la vida ha ido muy por encima del IPC), sino también por la composición de las rentas fiscales y el destino del gasto público, en detrimento de las políticas sociales. Mientras que la mayoría de los recursos públicos –ingresos fiscales- proceden de rentas salariales, el gasto público en su composición se destina en una proporción mayoritaria, de un modo u otro, a subvenciones o transferencias al capital. Esto es, también el Estado, aunque incluya mecanismos de solidaridad intraclase como es la Seguridad Social, es todavía al día de hoy fundamentalmente un mecanismo de explotación social. Estas subvenciones al capital, al menos cabe dudarlo, no comportan una traducción en mayores inversiones y mejor utilidad social (como por ejemplo, las cuantías de bonificación en la contratación laboral) al no ocasionar mayor empleo o riqueza (simplemente abaratan costes y aumentan la proporción del excedente en manos empresariales). Si ese gasto público mal orientado consistiese en mayor inversión pública asignada con criterios de sostenibilidad de costes, viabilidad económica y utilidad social muchos problemas no lo serían. Si la composición de las rentas fiscales se apoyase más en el gravamen a los beneficios, patrimonio, plusvalías financieras, o en impuestos que castigasen malos o nulos usos del suelo y viviendas (en una invitación a aumentar el parque de viviendas en alquiler), o se persiguiese el fraude fiscal, y no en los salarios la composición del sacrificio para salir de la crisis sería más equilibrada y más justa.

19/4/09

La ruptura de la relación salarial y su superación: una nueva relación social para el trabajo y el ingreso universal garantizado.



Daniel Albarracín
Abril de 2009

La relación salarial constituye la relación social central en la sociedad capitalista. Esta relación se basa en la configuración de una dependencia general de la clase trabajadora a los propietarios y gerentes del capital. Esta relación salarial, cuya conformación institucional ha tomado forma de diferente modo en las sucesivas fases del desarrollo capitalista, cobra cuerpo en diferentes dimensiones:

a) las formas sociales de reproducción social (formas de familia, sistemas educativos y formativos, sistema sanitario y de salud pública, ideología y cultura, o incluso de representación política, etc…);
b) de regulación del empleo de la fuerza de trabajo (dinámicas institucionales de diálogo social, y especialmente derecho laboral –contratación-, y mecanismos de retribución salarial directa y prestaciones sociales y servicios públicos diversos);
c) y de la propia organización del trabajo en el marco del sistema productivo.

La relación salarial forma parte de las formas institucionales básicas de la sociedad capitalista, como son el sistema de propiedad privada de los medios de producción, o la regulación mercantil – especialmente el derecho mercantil, financiero y societario –en cuanto a las reglas de juego jurídicas del sistema de acumulación y competencia capitalista-. Todas estas instituciones son las que una iniciativa de superación capitalista debe transformar de cara a un cambio sustantivo y favorable para el conjunto de la clase trabajadora y otras clases subalternas, y en suma, para la mayoría social. Pero quizá la relación salarial es la articuladora de todas las demás, la más visible, la más central de todas ellas y sobre la que debemos centrar nuestros esfuerzos de cara a su subversión.

Tradicionalmente la socialdemocracia se ha limitado a tratar de actuar sobre esta relación salarial simplemente aliviando el grado de dominación y explotación que es connatural a la propia relación salarial. Para ello les bastaba con mejorar los niveles de retribución salarial –a nivel sindical- o, desde lo público, mediante la política fiscal –con impuestos directos y progresivos- o de política de gasto público mediante de prestaciones y servicios sociales, actuando en el plano distributivo. Sin ser objetivos desdeñables, una opción rupturista no puede conformarse con esto.

Debe plantear una ruptura con la relación salarial en sí, en cada uno de sus planos, porque el objetivo no es mitigar una desigualdad, y mucho menos buscar el mal menor, sino que debe superarla, pues constituye el cimiento del conflicto y la contradicción principal de nuestra sociedad contemporánea. Se trata de cambiar dicha relación para transformarla en otro tipo de vínculo social, basado en parámetros de igualdad, de participación socialista de las clases productivas en la configuración y orientación de la economía hacia las necesidades sociales. Se trata de plantear también una alternativa socioeconómica consistente en vínculos completamente alejados de la relación salarial capitalista y coherentes con la conformación de una sociedad socialista plenamente democrática.

Para ello la configuración de una alternativa a la relación salarial no puede basarse en la dependencia y en el chantaje dominador de una transacción asimétrica en la que el capital explota la fuerza de trabajo de las clases dominadas, en la que la mayoría social ha de alquilar su fuerza de trabajo, y movilizar toda su vida para hacerla disponible, empleable, adaptable y rentable, a cambio de un salario. No puede basarse la fijación del salario en la regla de retribución basada en el pago equivalente a las condiciones de reproducción social de la fuerza de trabajo de determinado tipo en el contexto y correspondiente mercado capitalista en el que puede emplearse.

Una sociedad socialista debe movilizar los recursos productivos de manera racional y basándose en la capacidad de sus medios, articulándolos y planeando su diseño y orientación hacia las necesidades sociales establecidas democráticamente. Todo ello de manera consciente respecto a los límites productivos (disponibilidad de recursos materiales y personales, saberes y tecnologías) de la sociedad en dicho momento, las prioridades sociales (nivel de consumo y de ahorro y reinversión asumidos, y sus contenidos), y los propios límites de los ciclos ecológicos.

Debe seguirse en la medida de lo posible la máxima, sugerida por Marx, de solicitar de cada uno según su capacidad para cada cuál darle en función de su necesidad.

Las propuestas de superación de la relación salarial, integradas entre sí, también deben articularse conjuntamente en el proceso constituyente de una sociedad socialista que articule una orientación económica basada en la planificación democrática y pública de la economía en sus sectores estratégicos, y la configuración de mercados regulados no capitalistas en sectores secundarios donde perviva la escasez. Una economía basada en la minimización de costes sociales, la maximización de la eficiencia, la orientación a las necesidades sociales conscientes de los ciclos de reproducción y regeneración medioambiental, el ahorro de materiales y de energía, la minimización de residuos, el empleo de tecnologías sostenibles desde su diseño y su uso, etcétera.

La superación de la relación salarial no puede confiar su superación a algunas propuestas, ya manidas, que pueden suscitar confusión o, lo que es peor, su integración en un marco revisado de la relación salarial que no altera su naturaleza capitalista. A este respecto la satisfacción de las necesidades sociales y personales que una sociedad socialista debería desarrollar no pueden ni confundirse con un salario de beneficencia ni de caridad –siempre insuficiente para mantener un nivel y calidad de vida dignos en el marco social, y que sólo constituye una medida paternalista que reedita e intensifica la dependencia, el favor arbitrario del poderoso-, ni a la regla capitalista en función de la cual se remunera a la fuerza de trabajo para su reproducción social. Ni tampoco a la vieja idea proudhoniana de remunerar en función del trabajo realizado, basada en la equivocada propuesta de David Ricardo , que ya desmontó por su incoherencia el propio Marx en La miseria de la filosofía, y que es difícilmente distinguible de las propuestas de gestión neoliberal de remunerar mediante salarios variables en función de la productividad.

[Ricardo, y Proudhon, de los que luego tomó la idea el propio Stalin (de cada uno según su capacidad, para cada uno según su trabajo) aspiraba a que la remuneración del trabajo equivaliese al valor aportado, coincidiendo su retribución en función de las horas dedicadas a la fabricación de la mercancía correspondiente. Marx ya advirtió que esto era inconsistente y, además, injusto, aunque en primera apariencia no lo sea. En efecto, si el valor de una mercancía consiste en el tiempo de trabajo socialmente medio invertido en ella, remunerar a un individuo por el tiempo dedicado a la fabricación de la misma, podría conllevar el absurdo de remunerar a una persona el doble por su baja productividad. Por ejemplo, si esta persona ha dedicado cuatro horas a fabricar una silla cuando en la sociedad se fabrica, en las condiciones técnicas del momento, en media en sólo dos, Proudhon estaría dispuesta a asignarle un salario justamente el doble del valor socialmente medio de las sillas. La consecuencia sería ineficiente socialmente así como injusta]

En este sentido, los debates sobre la renta básica han sido muy importantes para obtener algunas conclusiones. Ahora bien, dentro de este debate ha habido muchas concepciones, algunas divergentes, de lo que debe significar y caracterizar la renta básica. De todos ellos las mejores conclusiones y características de una política de generalización de la renta básica, entendida en su inclusión en una política de transformación socialista son las siguientes:

• La renta básica debe entenderse como un derecho garantizado, personal y universal, en base al pleno reconocimiento de la condición de ciudadanía de toda persona.
• No debe limitarse a satisfacer necesidades sociales entendidas estrechamente en su forma primaria y material sino que debe garantizar la plena integración en la sociedad en la condición que garantice el pleno desarrollo libre de la persona en su medio social.
• Entendida de esta manera y por emplear un término que no se confunda con el salario ni con la renta capitalista, sería preferible denominarla ingreso universal garantizado.
• El ingreso universal garantizado sería una combinación de retribución dineraria y de servicios públicos equivalentes para todas las personas, pero no por ello ni uniformes ni homogéneos. En una sociedad socialista, los ingresos se distribuirían principalmente para la consecución de los medios de vida que facilitarían la integración social y la participación libre en la sociedad, con lo que los ingresos y servicios obtenidos se adecuarían a las necesidades de un entorno social y de cada persona. Deberían ser equivalente pero no estrictamente los mismos.

No obstante, el ingreso universal garantizado no puede ser una medida aislada sino que debe venir acompañada de otras políticas y medidas, en el marco de nuevas formas sociales y vínculo social en el marco productivo y distributivo. Todas ellas serían:
  • El ingreso universal garantizado, del que ya hemos tratado.
  • La promoción de una cultura de responsabilidad social de las personas favorable a aportar a la sociedad mediante su participación, formación, atención, consciencia y trabajo de cara a colaborar en la aportación y obtención necesaria de los recursos a los que la sociedad aspira o necesita, y que sea expresado pública, racional y democráticamente. Es decir, una cultura a favor de un modelo de trabajo democrático, en el que una parte de nuestro tiempo se destine a tareas socialmente requeridas dentro de un plan social democrático, movilizando las capacidades de la fuerza de trabajo social y personal, y orientados por criterios de máxima eficiencia, autogestión colectiva, y mínimo coste social y medioambiental.
  • En este sentido, esto no sería incompatible con un sistema de retribución alternativa, que tampoco puede confundirse con un abanico nulo de prestaciones. Es decir, habría ciertas ocupaciones que, por su vital responsabilidad, importancia, esfuerzo o riesgo, no podrían retribuirse igual que otras, y que deberían remunerarse en mayor medida.
  • No obstante, en una sociedad socialista, el mecanismo fundamental de incentivo para el trabajo socialmente útil y necesario debería ser el prestigio y el reconocimiento simbólico, conjuntamente con la disponibilidad de mayor y mejor tiempo libre.
  • La política laboral se debería orientar a la reducción de la jornada laboral, que permita en las condiciones sociales, organizativas y técnicas, liberar el máximo de tiempo libre para la mejora del bienestar social y personal, responder a las necesidades personales y familiares, el desarrollo de las facultades de cada persona, las actividades libres, participativas, creativas y de esparcimiento que así se decidan por cada uno.
  • Y, sobre todo, habría que fomentar el reparto de todo el trabajo de carácter social, tanto de naturaleza pública o privada, doméstico o profesional, productivo o reproductivo.
  • Por consiguiente, en coherencia con lo anterior y con una mínima norma igualitaria, habría de remunerarse de manera igual todo trabajo y empleo de valor equivalente. Como está bien comprobado por diferentes estudios, las diferencias salariales entre hombre y mujer por el desarrollo de un mismo puesto de trabajo explican sólo un pequeño porcentaje de su desigualdad salarial. A este respecto, se debe tomar en cuenta que la desigualdad de remuneración en la sociedad capitalista, por ejemplo, entre hombres y mujeres, se basa principalmente: en primer lugar, a la división sexual del trabajo que atribuye a la mujer en mayor medida la responsabilidad y cometido de las tareas domésticas y de crianza –reproductivas- y que les dificulta su desarrollo en el ámbito de su empleo en el ámbito no privado; en segundo lugar, en la segregación horizontal –la ocupación en determinados sectores y ocupaciones atribuyendo a hombres y mujeres un rol social y profesional diferenciado en base a estereotipos y propios de una cultura patriarcal- con el consiguiente y desigual reconocimiento simbólico y material de estas profesiones; y en tercer lugar, a la segregación vertical, o, dicho de otro modo, los obstáculos a la promoción y la atribución de responsabilidades y poder de decisión a las mujeres, y la consiguiente, también, diferencia de retribución.

5/4/09

Manifestación Día de la Tierra

S.O.S.: Salvemos el planeta del capitalismo

Cambio climático: un reto social inminente

( grupo de ecosocialismo de IA de Madrid)

El cambio climático es, con toda probabilidad, el problema ambiental más grave que enfrenta la humanidad, pero no es sólo un problema de ámbito ambiental sino también económico y social.

El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) (organismo de Naciones Unidas creado para estudiar el cambio climático y asesorar a los gobiernos sobre el tema), fechado en 2007 es concluyente al respecto. Once de los doce años más cálidos desde 1850 están entre 1995 y 2006. La temperatura media global ha aumentado 0,74ºC de 1906 a 2005. Al tiempo que la tendencia al aumento de la temperatura de los últimos cincuenta años prácticamente dobla la de los cien anteriores. El incremento de “gases invernadero” (GI), como el dióxido de carbono (CO ) y el metano (CH), lejos de reducirse sigue creciendo y lo hace a velocidad mayor de la prevista.

Pero esto no es ni mucho menos un informe alarmista, sino el informe de conclusión redactado para lograr el consenso científico. Muchísimos especialistas, entre los que se cuentan los más prestigiosos expertos, tienen una percepción aún más pesimista. Aumenta también el consenso sobre que es preciso empezar a reducir las emisiones mundiales en el próximo decenio y hacerlo de forma rápida, si se quiere evitar que la temperatura no aumente más de 2ºC, cifra a partir de la cual pueden desencadenarse fenómenos catastróficos irreversibles.

La comunidad científica internacional lleva tiempo constatando el origen humano del cambio climático por la emisión descontrolada a la atmósfera de los denominados “gases invernadero” (GI), causada fundamentalmente por el modelo socioeconómico actual de capitalismo globalizado. Los modos actuales de producción, consumo, transporte, generación de energía, gestión del territorio etc se traducen en la quema masiva de combustibles fósiles. Dichos gases invernadero atrapan la radiación solar en la atmósfera de la tierra provocando su calentamiento progresivo.

Como señala también la Organización Meterológica Mundial (OMM), por primera vez en la historia seis ciclones tropicales con nombre llegaron a tierra en los Estados Unidos de forma consecutiva y, también por primera vez en la historia, tres huracanes de gran intensidad asolaron Cuba.

Del mismo modo, se ha hecho patente la aceleración del deshielo del Ártico. La OMM señala en la misma nota de prensa que el 14 de septiembre de 2008, durante la temporada anual de fusión y formación, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel mínimo, que era además el segundo nivel más bajo observado desde que empezaran a efectuarse mediciones por satélite en 1979

A principios de marzo de 2009, el Congreso Científico Internacional sobre Cambio Climático de Copenhague advirtió de que los glaciares, así como las masas de hielo de Groenlandia y la Antártida, se están derritiendo a mayor ritmo del esperado, además de que los océanos continúan calentándose y expandiéndose, como señaló el profesor John Church, del Centro australiano para la Investigación del Clima y del Tiempo. Las observaciones por satélite y terrestres más recientes muestran que el nivel del mar sigue subiendo tres milímetros al año, una cifra bien por encima de la media del siglo XX, comentó Church.

Como dato más escalofriante y revelador, el pasado 17 de febrero, se desprendió una plataforma de hielo de la Antártida del tamaño de la isla de Hawai.

El cambio climático es también un grave problema de índole social, los cambios que genera sobre el medio ambiente afectan y afectarán todos los aspectos de nuestras vidas: el suministro de agua y comida, las zonas de influencia y los patrones de las enfermedades, las esferas productivas y los modos de subsistencia y empleo (para empezar aquellas economías estrechamente ligadas a recursos sensibles al clima como agricultura, piscicultura, turismo se verán alteradas y en algunos casos estarán en riesgo).

El último informe del IPCC establece que “los costos y beneficios del cambio climático en la industria, los asentamientos humanos y la sociedad variarán ampliamente según la localización y la escala. Sin embargo, en general, los efectos globales tenderán a ser más negativos cuanto mayor sea el cambio en el clima”.

Los países difieren tanto en su contribución al cambio climático como en la vulnerabilidad frente a sus impactos. Irónicamente, muchos de los países que tienen menor responsabilidad por el crecimiento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre serán los que probablemente sufran los impactos más serios del cambio climático. En todos los escenarios analizados, África, Medio Oriente, India y el Sudeste Asiático son los que sufrirán los impactos más fuertes.

El IPCC confirma que los impactos del cambio climático se pueden mitigar estabilizando los gases de efecto invernadero, de modo que no se superen los dos grados de incremento de la temperatura global respecto a la época preindustrial. Sin embargo, por otra parte, el IPCC coincide en que no nos queda demasiado tiempo para estabilizar dichas emisiones.

Y es que para limitar los efectos del cambio climático es preciso cambios profundos en los mecanismos de producción y transformación de energía lo que a su vez lleva aparejado la necesidad de cambios profundos en importantes áreas de poder económico. Más allá de parches cosméticos limitar los efectos del cambio climático obliga a transformaciones políticas y económicas profundas.

Estos cambios de modelo energético y producción ponen en cuestionamiento el modelo actual capitalista, asentado en una lógica productivista, consumista y contaminante a unos ritmos inasumibles para a la naturaleza y dentro de un mundo con recursos limitados.

La necesaria transición del modelo productivo actual no resultará fácil pero es inevitable para la supervivencia por ello es necesario que cuente con una amplia participación social. Los nuevos cambios que se den deben no sólo afrontar la cuestión medioambiental pero dar una respuesta a la realidad social en la que nos encontramos. Por ello, creemos que el actual sistema capitalista no puede regular, y mucho menos superar, las crisis que ha desatado. Es necesario plantear políticas y medidas anticapitalistas basadas en lógicas que busquen la justicia y el bienestar social, y sean medioambientalmente sostenibles.

Las continuas cumbres internacionales para resolver este problema han arrojado un magro resultado. Es poco discutible que los acuerdos son insuficientes y que abundan los trucos para hacerlos menos incómodos(tales como el comercio de emisiones, la contabilización de los sumideros o los mecanismo de desarrollo limpio). También lo es que los esquemas liberales han dejado su impronta más allá de lo razonable en la importancia concedida a los mecanismos de mercado en el interior de la UE.

Pero 2009 es un año clave en la lucha contra el cambio climático. Durante la Cumbre de las Naciones Unidas de Cambio Climático que tendrá lugar en Diciembre en Copenhague, se decidirán los detalles del acuerdo que sustituirá al Protocolo de Kioto, una vez que éste haya expirado su periodo de vida a finales de 2012.

Huelga explicar aquí que cuanto más se extienda la protesta ciudadana a favor de la reducción de las emisiones de GI y de un mundo más justo y sostenible, más presionados estarán los gobiernos de todo el mundo a asumir de una vez compromisos firmes y decididos, en lugar de eludir sus responsabilidades para continuar cediendo ante los poderes económicos. Y no nos queda demasiado tiempo para invertir esta situación.

En nuestra visión, la crisis ecológica y la crisis de deterioro social están profundamente interrelacionadas. Es por ello que la movilización ciudadana resulta decisiva para crear una situación política distinta en la que el cambio climático deje de ser un problema lejano que se abordará cuando se hayan resuelto otros más importantes o un asunto del que se habla mucho y se hace poco.

Desde Izquierda Aniticapitista nos sumaremos a las movilizaciones que se lancen y trabajaremos por otro modelo socialmente justo y medioambientalmente sostenible que no puede darse en el modelo actual que es la causa de donde estamos. La siguiente jornada de lucha la tendremos durante la semana de la tierra del próximo mes de abril, que culminará en una manifestación el día 25 de abril. Desde Izquierda Anticapitalista, vamos a estar presentes en las movilizaciones porque ante el CAMBIO CLIMÁTICO: COMIENZA LA CUENTA ATRÁS. CAPITALISMO CULPABLE.