23/2/10

LA CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA: ENTRE LA TIRANÍA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, EL DÉFICIT FISCAL, EL PARO, Y EL RECORTE DE LAS PENSIONES

Daniel Albarracín. Febrero de 2010.


Una versión más amplia y con gráficos de este artículo se publicará en francés en la Revista La Breche, de Suiza, próximamente. También aquí:

1. ¿Qué crisis?. ¡Una reestructuración del capitalismo mundial!.

Estamos ante una crisis mundial que trasciende y es también consecuencia del modelo civilizatorio dominante. Desde el análisis económico no es ningún accidente pasajero ni es exactamente comparable a otra crisis anterior. No se trata sólo de una crisis de liquidez, de confianza, ni un estrangulamiento coyuntural. Nos encontramos ante el fin de una onda larga en la que se están dirimiendo las condiciones para profundizar la crisis, inaugurar la remontada, o disputar el cambio del modelo socioeconómico.

En los años 70 la tasa de rentabilidad se vino abajo. La burguesía optó por confiar en una gestión neoliberal que impuso una nueva política económica que también tiene vigencia en España. En los años noventa, con esta política contra los y las trabajadoras, las tasas de rentabilidad se recuperaron notablemente, y temporalmente propició una prosperidad, si bien débil en relación a otros períodos, no sin acumular muchos desequilibrios internos.

¿Esto avalaba las tesis de los analistas que afirmaban la incorporación a una nueva onda larga expansiva?. Pues no parece que sea así. Coincidían una remontada de la tasa de beneficio del capital y una crisis de inversión industrial, desviándose capitales a dinámicas extravertidas –en otros países, en sectores no industriales-, y en estas condiciones se descarta una prosperidad general en espiral, que no impide afirmar que en países emergentes se estén presentando –con empresas transnacionales occidentales operando y beneficiándose del proceso- situaciones de firme y sostenida actividad que tampoco pueden analizarse con una aproximación regional y con los modelos de análisis clásicos.

Dentro de un diagnóstico económico deben identificarse diferentes niveles de desarrollo de la crisis. La crisis mundial arrancó en su plano desencadenante con la crisis inmobiliaria y el colapso de las hipotecas subprime. El factor dominante ha sido un fenómeno de endeudamiento extraordinario de Estados, familias y empresas. Como factores determinantes y singulares de esta crisis puede identificarse la relativización del papel de la rentabilidad para animar la acumulación, al menos en lo que concierne a los países “aventajados” –Europa occidental, EEUU y Japón-. Su causa parece encontrarse en la punción del excedente que detraen los mercados financieros, y en los que participan decididamente las grandes corporaciones transnacionales, alterando sus estrategias empresariales clásicas, y en la que se ha intensificado una “economía de la adquisición” (Carpintero, O.; 2004) que redunda en que una parte del excedente y los ahorros de los países emergentes se deriven al capital del centro.

La crisis de acumulación ha estado pautada por un estrangulamiento de la inversión, con la “retención”[1] de la tasa de beneficio como vector estimulador capitalista[2], y la reordenación caótica del mercado mundial, en la que es necesario mirar más allá de occidente. La acumulación se ha visto contraída en los países centrales merced a la extensión de estrategias privadas de desinversión y de reestructuración rentabilistas, de relocalización de grandes fases productivas en países emergentes y desvío de capitales hacia allí, combinadas con políticas de reforma del sector público (privatización o gestión privada y externalización de los servicios públicos) y de las relaciones laborales. Una política de ajuste permanente encaminada a aumentar las tasas de explotación.

En este contexto, gran parte del excedente se destina a los retornos exigidos por las corporaciones financieras globales, y así la reinversión productiva y la acumulación no pueden sostenerse al ritmo de anteriores décadas, al menos aquí. El capital también ha apostado por racionalizar sus actividades para concentrarse en aquellas más rentables, desdeñando las que lo eran menos. Y está mirando a países emergentes que comportan un escenario de acumulación muy distinto. España, a este respecto, ya no puede ni competir en bajos salarios, ante la irrupción de nuevos países (del este europeo, asiáticos, latinoamericanos…) que brindan un estructura de costes más barata, con mercados bajo la influencia de las grandes potencias y con segmentos de población laboral suficientemente cualificada.


2. ¿Cuál es la singularidad española en la crisis?.

2.1. Una semiperiferia en retroceso en el contexto internacional

Las crisis cobran curso en formaciones sociohistóricas concretas, con características propias. Para el caso español el factor contextual determinante es la condición semiperiférica estructural de la economía española. El sometimiento a las reglas del bloque de la UE (mercado y moneda única, Banco Central cuya política prioriza los intereses de los países centrales, Pacto de Estabilidad, etc…), perjudica a países como España, con menos poder industrial y de mercado, y situada en ciclos del capital auxiliares en el marco europeo. El ciclo de acumulación español acostumbra a ser asincrónico y tardío –siguiendo la inercia europea-, y de mayor intensidad (más favorable en el auge y desfavorable en la recesión). En cualquier caso, mientras siga atada a los compromisos de una UE neoliberal seguirá esta dinámica subalterna.

A este respecto, el discurso que apostaba por la inversión en I+D+i, a pesar de un gradual incremento en estos últimos años –achacables en lo que concierne al sector público más bien a fondos en forma de préstamos, más que al gasto real[3]), se ha encontrado con un cierre del grifo para el presupuesto de 2010, sobre todo para la financiación pública de la investigación, con lo que se dificulta cualquier salida de desarrollo endógeno de carácter industrial tecnológico que no sea testimonial en términos estructurales.

La necesidad de financiar una balanza de pagos muy negativa, el euro impidiendo cualquier ajuste del tipo de cambio, una política monetaria del BCE que responde a los intereses de países centrales, y con la ausencia de un régimen fiscal, laboral y de servicios públicos armonizados a escala europea, no hacen otra cosa que obstaculizar la salida de la subalterna economía española. Su peor posición negociadora[4] ante el mercado internacional, en consecuencia, ha ocasionado un sobrecoste añadido para financiar su desarrollo interno.


2.2. Una crisis de sobreproducción, también.

La economía española al igual que ha podido crecer más que el resto de países durante unos años, ahora la crisis es si cabe más adversa. El PIBpm, a fin de 2009 caía un -3,6%, según el gobierno, y es de los pocos países de la OCDE aún en recesión.

En España la inversión y la producción crecieron entre 1995 y 2007 por motivos particulares y coyunturales. El intenso modelo de crecimiento español se sostuvo bajo la extensión de un empleo de bajos costes, precariedad y derechos limitados, en el cuál se ha visto entrampada una gran mayoría de la juventud, las mujeres y, sobre todo, la inmigración, que se incorporó de manera sustancial en los últimos quince años en condiciones muy vulnerables.

La inversión privada se especializó y creció en la actividad constructora y en el turismo, en la que se daban circunstancias excepcionales para el negocio. Pero una vez el recorrido de estos mercados se agotó por sobreproducción y las expectativas de crecimiento se cerraron ocasionaron un efecto arrastre, añadido a los fundamentos de la crisis sistémica internacional, al resto de la economía, que ha intensificado los efectos depresivos. La crisis estructural coincide así con una crisis industrial periódica. En esta ocasión por saturación de mercados (por sobreproducción en la construcción[5] y automóvil; posteriormente por una caída del consumo en el comercio; y combinadas en el turismo, etc…)


Aquellas vetas de negocio representaron un refugio transitorio para el capital que huía de otros sectores con márgenes inciertos. Su magnitud supuso que la inversión en construcción residencial superase a la de cualquier otro tipo, a niveles extraordinarios sobre todo desde la segunda mitad de los 90 y hasta 2007. La construcción (con un 44,7% de índice de crecimiento entre 2000 y 2007)[6] ha sido el sector promotor del crecimiento, con efecto arrastre en actividades de servicios como la intermediación financiera (89,8%), las inmobiliarias (31%); otro sector que creció también fueron los correos y telecomunicaciones con un 33,5%. Esa inversión “refugio” en el sector de la construcción residencial albergaba flujos de capital que huían de las recurrentes crisis financieras y de la deuda externa internacional que amenazaban con impagos. Todo ello en un contexto de política monetaria expansiva con tipos de interés reales muy bajos; con la desregulación del sistema bancario que propició una concesión de crédito en extremo permisiva. La garantía para la banca, en España, era que los hipotecados en caso de impago daban como aval su vivienda –que se subasta- sin dejar de responsabilizarse de las deudas pendientes. La banca, así, se está convirtiendo en un gran propietario de inmuebles, y ya no sabe muy bien qué hacer con ellos. Por de pronto, el gobierno, en su última reforma fiscal ha creado una nueva figura –las SOCIMI- de sociedad inversora completamente desfiscalizada para movilizar capital hacia actividades inmobiliarias y fomentar el alquiler.

Pero, ¿Qué sucedió con el suelo y la vivienda en el anterior periodo de auge?:

· La ley liberalizadora del suelo de 1998 con el gobierno del Partido Popular supuso la mayor disposición de suelo, representado una oportunidad de financiación municipal; los ayuntamientos recalificaron el suelo para venderlo y financiar sus limitados y endeudados presupuestos;
· una cultura patrimonialista –posiblemente originada en el miedo a la carestía en la vejez por no esperar una pensión digna, también por la inercia de que se implantó el sistema de pensiones de manera tardía e insuficiente, y por la asunción de recortes futuros en este derecho por parte de mucha gente- que hace a la vivienda un valor de seguridad material;
· una gran demanda de una amplia generación en edad de emancipación (el baby boom) y un segmento de nueva inmigración con necesidades de encontrar vivienda;
· una ilusión falsa de especulación, que se ha demostrado sólo aprovechable por muy pocos durante esta década.
· y una red de corrupción clientelar muy extendida (recalificación ilegal, dinero negro, etc…), constituyeron, una gran oportunidad a “extorsionar”, a favor de un capital que encontró en España su Dorado.


Durante 1995-2007 la demanda se compensó por la amplia creación de empleo (de mala calidad), pero la moderación salarial y el desempleo han resultado definitivos. A la crisis de oferta y las contradicciones del modelo se le suma una crisis de demanda causada por la desinversión rentable, el desempleo, los salarios moderados, el endeudamiento generalizado y un consumo limitado por las hipotecas y por el ahorro bajo el “efecto precaución”. La crisis de demanda de larga duración vendría a explicar una nueva fase de inflación rampante –el 0,8% de IPC a fin de 2009, según el INE- que sólo impide la deflación, por el momento, por el efecto contrarrestante del encarecimiento de las materias primas en un país energéticamente dependiente.


2.3. Financiarización en España.

Al mismo tiempo, con una influencia de máxima relevancia, la desregulación del sistema financiero ha hecho posible iniciativas de alto riesgo. La industria financiera, para obtener masas de beneficio con bajos márgenes financieros, optó por conceder créditos de cualquier manera, al menos hasta el inicio de la crisis. Mientras tanto el Banco de España hacía dejación de ciertos controles, -coeficientes de cajas y reservas obligatorias-, siguiendo la tendencia, si bien con algunas medidas comparativamente con el entorno más prudentes[7]. Además, los gobiernos europeos apostaron por facilitar la movilidad del capital, por desfiscalizar, por no condicionar ni supervisar ciertas conductas, y por ser completamente permisivos con la presencia de espacios sin impuestos como son los paraísos fiscales que coartaban la eficacia de cualquier normativa reguladora, chantajeando así a los Estados para flexibilizar más cualquier condición al capital financiero.

El proceso de financiarización en España cobra toda la fuerza, pues la tiranía de los mercados financieros no acaba con una movilización rentable y altamente flexible del capital, orientados a la configuración de una nueva división internacional del trabajo. Su dinámica y prioridades de rentabilidad operan contra Estados de limitada dimensión que les hace ser débiles ante la presión de exigir mayores rendimientos por su capital, con márgenes de maniobra estrechos, en un contexto en el que los organismos internacionales y las instituciones continentales, como es la UE, sirven a los actores privilegiados por dichos mercados, en vez de contrarrestarlos. Cabe explicar la exacerbación de la situación crítica en los medios de comunicación internacionales de países como Grecia, Irlanda, Portugal y España, entre otros, por un movimiento orquestado por agentes financieros globales y que se traduce en la subvaloración de las agencias calificadoras, privadas, de la deuda pública a la que estaban recurriendo para financiar algunas actuaciones amortiguadoras de la crisis. Con ello, se corta de raíz cualquier espacio de autonomía de la política de los gobiernos y su condición democrática. Gobiernos que antes tenían margen cuando contaban con moneda propia y ahora no pueden ni devaluar. El déficit de balanza de pagos –la necesidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo de la economía española a fin de 2009, según el gobierno, era del -4,9% del PIB-, el desequilibro de las cuentas públicas, y la imposibilidad de actuar con la más mínima independencia en materia de política económica, y el chantaje de no poder salir del euro ante el riesgo de aislamiento, la renuncia de la UE a ejercer política reguladora que merezca tal nombre en materia fiscal, laboral y financiera, o siquiera de concertación para emitir deuda pública conjunta basada en la solidaridad de diferentes Estados europeos, abocan a un disciplinamiento de la agenda política nacional.

En este caso esos agentes del capital financiero transnacional someten, y los gobiernos claudican, exigiendo un programa de austeridad neoliberal en las cuentas públicas de dimensiones históricamente formidables, así como de reformas laborales, modelos de negociación colectiva y revisión salarial, y en el sistema de pensiones. Todo para asegurarse que los retornos y tipos de interés de los títulos de deuda pública que compran sean lo más holgados posibles. Con esta situación se puede constatar que la Unión Europea no es más que una carcasa institucional inoperativa en el plano político para poner corsé a los abusos especulativos de los mercados financieros globales y su propia lógica. Y que, en suma, la democracia, que ya lo era de baja intensidad, se desdibuja completamente, haciendo a los gobiernos meros gestores de las políticas neoliberales que les dictan las sociedades de inversión y grandes transnacionales a través del “pie visible, con bota dura y firme” de los mercados financieros.

Puede decirse así, que la crisis española, introduce también así un factor externo añadido. En el concierto internacional, mediante este mecanismo, también se decide cómo se va a repercutir sus efectos entre clases y países. Y el pato, en el contexto europeo, pueden pagarlo principalmente las semiperiferias europeas –países mediterráneos, países del este-, en el que ahora España cobra un protagonismo mediático internacional deliberado.


Otro rasgo de esta dinámica se ha producido un repunte del peso de capital de las sociedades de inversión en nuestra economía, un actor emergido de la institucionalización y peso creciente de la financiarización. Estas nuevas sociedades (hedge fund, private equity, fondos de pensiones privados, fondos soberanos, etc….), cuyo propósito consiste en obtener rápida liquidez e ingresos para dar más “valor al accionista” (en forma de dividendos) o al “obligacionista” (mediante la devolución de réditos de préstamos concedidos), han impuesto pautas minimizadoras de costes y de adelgazamiento de capacidad productiva y de empleo en sus destinos de inversión. Inversiones coyunturales que exigen retornos muy por encima de la rentabilidad media del mercado y que han desnaturalizado y segmentado entidades productivas mediante externalización y subcontratación sucesivas (de las partes más arriesgadas o menos rentables de la actividad), venta de fragmentos de la empresa, recorte de empleos, intensificación de los ritmos de trabajo y extensión del tiempo de trabajo. O el mismo vaciamiento de contenido del activo empresarial mediante artificios de ingeniería financiera aprovechando la desregulación fiscal, societaria y mercantil. La financiarización ha tenido como actor más activo y destructivo a estas sociedades y fondos de inversión, que han gozado de privilegios fiscales excepcionales en España (un 1% de gravamen –las Sociedades de Inversión de Capital Variable, SICAV- frente al 30% del impuesto de sociedades de cualquier otra actividad). Esto ha erosionado la viabilidad de la producción más útil y de calidad e impide una dinámica de innovación o de mejora.

Así, el equilibrio de balance empresarial estaba sobre una cuerda floja para hacer frente a los flujos de devolución de los compromisos financieros adquiridos, y por eso los ingresos debían sostener cierta pauta. Una vez comenzaron a desacelerarse ciertos mercados, hasta ese momento en auge y locomotora de otras actividades, la solvencia de cada vez más empresas empezó a desmoronarse. Además, en el caso español el desequilibro intersectorial ha sido más que evidente, y el efecto arrastre sobre sectores auxiliares no se ha hecho esperar. Una vez se modera el vigor de la acumulación se han producido, por el apalancamiento financiero generalizado y sostenido en el tiempo, problemas en cadena. Bastaba un pequeño cambio de ritmo para que se abriese un círculo recesivo de cierres de empresas al límite y, en consecuencia, un deterioro de las condiciones, ratios y expectativas de beneficio. La sacudida primero se dio en la viabilidad de ciertos segmentos de la economía real para seguir con una crisis de demanda y el crecimiento de la morosidad, afectando al sector financiero, que había concedido crédito y creado “dinero bancario ficticio” de manera irresponsable.


2.4. La política del gobierno; entre el paréntesis del mercado y el rescate neoliberal.

El PSOE estuvo siguiendo una política socialiberal, corregida con elementos keynesianos menores. Una vez se ha comprobado la ineficacia de los primeros estímulos fiscales al consumo mediante desgravaciones fiscales diversas, o devoluciones en el Impuesto sobre la Renta, que ya ha retirado, el gobierno español puso en marcha medidas y movilizó recursos para el rescate y respaldo del capital para la banca y la automoción, principalmente. La modalidad suave de socialización de pérdidas (avales y compras de activos “no tóxicos” a la banca en dificultades, subvenciones a la industria del automóvil, e inyecciones de financiación para PYMEs a través del Instituto de Crédito Oficial) constata la orientación a favor del capital del gobierno. Mientras, la población ahora prefiere ahorrar y las empresas ajustar su actividad. También ha desarrollado una política de inversión municipal sin planificarse proyectos ordenados o que garanticen su utilidad o sus efectos multiplicadores. El paquete keynesiano, a favor de un déficit público contracíclico, ha finalizado. No tenía más vocación que un paréntesis temporal para restaurar el funcionamiento de los mercados (dominados por agentes económicos oligopólicos) y la rentabilidad.

El pasado ciclo de crecimiento rampante se ha interrumpido bruscamente. Los desequilibrios acumulados ahora se desenvuelven con fuerza. En este contexto, la caída de los ingresos fiscales por la recesión, el recorte de tipos en el impuesto de sociedades para las PYMES –acompañado de un incremento en los tipos en el IVA (un impuesto contradistributivo)-, la política de salvamento al capital privado, y una desorientada política de inversión local (Plan E), ha elevado el déficit público extraordinariamente en muy poco tiempo –la necesidad de financiación del sector público ascienda a fin de 2009 al -11,4% del PIB, según el Ministerio de Economía y Hacienda-, cuando en 2007 había un significativo superávit.

El régimen fiscal se ha modificado muy ligeramente, aumentado la composición de la imposición indirecta, y se han eliminado impuestos tan significativos como el de Patrimonio. La recesión ha reducido formidablemente la recaudación, y nos encontramos en una presión fiscal en mínimos (en torno al 30% del PIB)[8].

El Estado se ha desangrado salvando a los principales responsables de la crisis y, ahora con una formidable crisis fiscal, trata de financiarse emitiendo deuda pública. La crisis fiscal es un problema de primer orden en la agenda política. El déficit público se ha disparado. Ante la crisis ha apostado por transferir el problema de la banca –que además es un agente directamente responsable que ha causado la situación-, y de otros sectores que constituyen grupos de presión (automóvil, por ejemplo) a las cuentas públicas. Y pretende que sufraguen ese esfuerzo los y las trabajadoras, deteriorando los servicios públicos y atacando las condiciones laborales y las políticas sociales. No hay previsión de aumentar los impuestos a las rentas más altas ni a los propietarios del capital, ni de realizar un ejercicio real de regulación del sistema financiero.

El recurso a la deuda pública para financiar el gasto público se encuentra con un mercado que, al inundarse de títulos de esta naturaleza y devaluarse el valor de estos, exige aumentos de los intereses para adquirirla. El presupuesto público para 2010 da buena prueba del regreso a una austeridad para intentar resituarse en tres años dentro de los límites del Pacto de Estabilidad. Naturalmente, este programa gubernamental no es creíble, por su intensidad y sus plazos, por las propias inercias del presupuesto y muchos compromisos difíciles de remover, pero supone una tendencia de recorte y una señal a los mercados financieros para ganar su confianza.

No obstante, es preciso dimensionar esta cuestión, el porcentaje de deuda pública en España, con la que ha financiado sus (irregulares y desorientados) planes de contención de la crisis, a pesar de que se han incrementado velozmente (en 2008 estaba en el 39,7%), porque aún tiene niveles saneados (el 55,2%del PIB a fin de 2009, según el Ministerio de Economía y Hacienda, aunque algunos datos no oficiales ya apuntan el 74%), y aún encareciéndose el recurso a financiarse por esta vía no debe contemplarse como una catástrofe, aunque desde luego sí detraerá recursos, y, además, supone una presión directa al incremento de los tipos de interés.


Inmediatamente el gobierno está girando su línea presupuestaria hacia una severa austeridad, cuando hace muy poco planeaba una política tímidamente expansiva. Ahora con la presidencia española de la UE el gobierno se compromete a reducir el déficit público hasta el “mitificado” 3% para cumplir el Pacto de Estabilidad y así mostrarse como gobierno ejemplar. Puede que se trate de una respuesta política “europeista”, pero también obedece a la presión de los mercados financieros y la especulación ejercida sobre la enorme deuda pública emitida por diversos países europeos en dificultades, entre ellos España. Consiguientemente el gobierno ha diseñado con carácter improvisado[10] un presupuesto público con 50.000 millones de euros menos en sólo cuatro años, y un recorte en la emisión de deuda pública.

Para “dar confianza a los mercados” ha anunciado una propuesta de reforma de retraso de la edad de jubilación a los 67 años y una ampliación de los años mínimos a cotizar para alcanzar una prestación contributiva (de 15 a 17), y de los años sobre los que calcular el cómputo de la base reguladora de la pensión (ahora está en 15), lo que supondrá un endurecimiento al acceso a la pensión y un recorte significativo de la pensión media.

En cuanto a la regulación laboral, el modelo laboral flexible ha sido norma después de la imposición gubernamental de reformas laborales flexibilizadoras de 1994 y, con pacto sindical, de 1997, para abaratar el despido. Se creció mucho entre 1995 y 2007, y se creó empleo sin preguntarse qué tipo de empleo. Al tiempo, se desarrolló una subordinación del derecho laboral respecto al mercantil muy peligrosa (ETTs, ley concursal, subcontratas, etc…).

A comienzos de 2009 se realizó una pequeña reforma del mercado de trabajo que erosionará los ingresos de la Seguridad Social con medidas, entre otras, como la conversión de la prestación de desempleo en bonificaciones en la cuota. No solamente será ineficaz para crear empleo, sino que simplemente engrosaría el excedente empresarial a costa de un salario indirecto y discriminaría a los parados de larga duración que ya no perciben prestación. Por otro lado, la medida de incentivación del empleo a tiempo parcial tendrá la consecuencia de reducir las cuotas a la seguridad social de esta figura contractual, y es una invitación a un amplio efecto sustitución del empleo a tiempo completo por éste, seguramente con un gran efecto sobre las mujeres en sectores como servicios personales, hostelería y comercio, entre otros. También se traducirá en una reducción de ingresos salariales, un incentivo al aumento de la economía irregular (las personas para llegar a fin de mes estarán dispuestas a trabajar horas extras), y en una ficción estadística en la minoración de la tasa de desempleo. El resto de medidas harían recaer todo su peso sobre los fondos de la Seguridad Social, o en líneas de crédito ICO que son nuevamente una subvención estatal hacia el capital. Puede decirse, que si quiebra algún día la Seguridad Social se deberá a que el Estado está más dispuesto a respaldar la irresponsabilidad del sistema financiero privado que a sostener mecanismos de solidaridad. Buena prueba de ello es la anunciada reforma de las pensiones, que ha desenmascarado por completo al gobierno del PSOE.

Ahora también el gobierno marca la agenda de una nueva reforma laboral pautada por el abaratamiento del despido (o la generalización del contrato indefinido barato de indemnización de 33 días por año trabajado), bonificaciones a la contratación juvenil, fomento del contrato parcial, y quizá encarecimiento y mayor control de la contratación temporal, como único elemento de contrapeso. Su perfil definitivo ha comenzado a negociarse por patronal y sindicatos.

Mientras tanto la tasa de paro se ha disparado al 18,8%, IV Trimestre de 2009, EPA-INE, con más de 4.300.000 personas paradas, cuando en el II Trimestre de 2007 estaba apenas en el 7,95%. Esto ha sido posible por un modelo de flexibilidad laboral que había generalizado la vulnerabilidad y desprotección, con despido fácil y barato. El severo ajuste del empleo ha golpeado sobre los eventuales –sobre todo juventud, inmigración y mujeres-. Así, con esto, la tasa de temporalidad desciende en torno al 25% -una cifra altísima para Europa, pero que en apenas dos años ha caído 8 puntos-. Se da el efecto doble al atemorizar y disciplinar las pretensiones de toda la clase trabajadora, que ahora acepta más intensificación y desregulación del trabajo y mayores contenciones salariales.

En suma, la alta destrucción de empleo –propiciada por este modelo laboral flexible- y la moderación salarial, con efectos importantes en el consumo; la saturación de ciertos sectores como la construcción y el mercado inmobiliario; y la falta de políticas de inversión pública en sectores estratégicos y endógenos de futuro, que redujesen la dependencia tecnológica y económica del exterior y de los mercados internacionales, explican también la intensidad comparada de la crisis en España.


3. Un diálogo social en tensión.


En 2009, la patronal ni siquiera aceptó acuerdos y bloqueó en 2009 una parte de los convenios, sólo desbloqueados tras un repunte de la conflictividad. La presión patronal ha aumentado para exigir pautas de recorte salarial, culpabilizando a los salarios injusta e injustificadamente de la crisis, o plantear modalidades contractuales –el llamado “contrato único”- que entrañan recortes en las indemnizaciones por despido –con indemnización creciente en función de la antigüedad, pero que en la práctica supondría un recorte sustancial del coste del despido para los indefinidos-.

Los sindicatos habían exigido desbloquear los convenios y para ello realizaron una importante movilización general el pasado 12 de Diciembre de 2009, con gran éxito de convocatoria en Madrid, pero sin más pretensiones que reestablecer el diálogo social y hacer oír algunos planteamientos que no rebasan más expectativas que un programa keynesiano y la apuesta por la protección social de los y las desempleadas, o la propuesta del poder combinar reducciones de jornada y salario combinables con la obtención de prestaciones de desempleo. Esta última medida ha sido bien acogida por el gobierno.

El 8 de Febrero de 2010 sindicatos y patronal, tras una tensa mesa de negociación, pactan una revisión salarial de hasta el 1% para 2010, entre el 1-2% para 2011 si se sale de la recesión, y entre el 1,5-2,5% para el 2012. Y el gobierno establece el marco para una reforma laboral basada en el abaratamiento del despido del contrato indefinido y el encarecimiento de la indemnización del despido del temporal.

CEOE sigue con su postura intransigente y provocadora en otros capítulos de negociación (estructura negociación colectiva, flexibilidad de la movilidad geográfica y funcional, desregulación de la opción de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, etc…) y, tras embarrancar el diálogo entre sindicatos y patronal por este motivo, el gobierno ha irrumpido con una propuesta de recorte radical de las pensiones que está poniendo en gran tensión al país. Los sindicatos mayoritarios, no plantean una huelga general ante tamaña agresión, sino un reguero de manifestaciones en diversas ciudades contra el recorte de las pensiones, al tiempo que sobre la reforma laboral recientemente planteada no se han opuesto antes de ponerse a negociar.

4. Algunas reflexiones finales

El panorama no nos ofrece un panorama halagüeño, y, de seguir así, sus consecuencias serán duras y duraderas. Sólo una acción unitaria anticapitalista que plantee una alternativa rupturista hará posible un cambio. De otro modo, la prospectiva se presenta pesimista.

Para poder enfrentar con mínima eficacia y credibilidad esta crisis debemos poner en la agenda de discusión los procesos determinantes –crisis de sobreproducción, de realización y de la propia relación salarial- y dominantes de la misma –financiarización-, y poner en cuestión las reglas de juego capitalistas. Al menos, para dar una respuesta seria y progresista básica, hay que hablar de implantar una regulación, bajo control público y social que gobierne los mercados y sistemas financieros; unas políticas de inversión, servicio y empleo público; una reforma laboral a la ofensiva y garantista de derechos, a poder ser a escala internacional; un régimen fiscal, a poder ser concertado y armonizado a escala supranacional; y el desarrollo de un paradigma de intervención democrática a escala internacional, emprendida por los y las trabajadoras.

En España, el conflicto resultará de las contradicciones más maduras y posiblemente estarán vinculadas a la crisis de la vivienda, el desempleo, y la carestía de la vida de la propia condición social del salariado, y posiblemente el chivo expiatorio de la inmigración. Y ya, por de pronto, es posible una gran confrontación por la cuestión de las pensiones y de las condiciones de empleo en disputa. Es tarea de los anticapitalistas hacer comprender las bases estructurales que causan estas crisis y conflictos y tratar de transformarlas superar este sistema, comenzando por enfrentar la crisis de subjetividad antagonista que impide, de momento, el despliegue de cualquier paradigma alternativo.


[1] Álvarez Peralta, Ignacio (2007) “Financiarización, Nuevas Estrategias Empresariales y Dinámica Salarial. El caso de Francia entre 1980-2006” Universidad Complutense de Madrid. Septiembre de 2007
[2] Aunque, como ya ha demostrado Anwar Shaik, la acumulación no empieza a debilitarse tras que la tasa de rentabilidad no se viene acompañada de una caída de la masa de beneficios, con lo que una caída de la tasa no se traduce en recesión inmediatamente. http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/
[3] CCOO “Análisis de los Presupuestos Generales del Estado 2010 en Investigación, Desarrollo e Innovación: recorte al sector público”. Cuadernos de Información sindical, núm 7.
[4] Si bien resulta abstracto hablar de “economía española” cuando los agentes privados dominantes son heterogéneos, y cuando gran parte del capital es transnacional.
[5] El parque de viviendas, según nos informa el economista Diego Fernández Palomero, ha aumentado a una tasa anual media del 2,7 por ciento, pasando de 18,3 millones en 1995 a 25,1 millones en 2007 y siguió creciendo en 2008 y 2009 puesto que se estaban terminando las contratadas antes de la crisis. Entre 2006 y 2008, según el economista Guillermo de la Dehesa, la inversión en vivienda ha caído del 9,4 por ciento del PIB al 7,2 por ciento y la inversión en construcción ha descendido del 18%del PIB al 15,6 por ciento.
[6] Valor añadido bruto a precios básicos: índices de volumen encadenados, referencia año 2000 = 100, Fuente: Contabilidad Nacional de España.
[7] A este respecto, según advierte Fernández-Palomero, “el Banco de España previendo que después de la entrada en el euro y el pequeño peso español en la fijación del tipo de interés de la zona euro, obligó a que bancos y cajas hicieran provisiones genéricas contracíclicas con las que dotarse cada vez que daban un préstamo, en lugar a esperar a dotarlas cada vez que se produjeran morosos o fallidos. Con lo que los bancos se han encontrado con un colchón de unos 35.000 millones… Ahora bien, la mayor parte del endeudamiento del sector privado de empresas y familias españolas había sido financiado por la banca, que a su vez se refinanciaba en euros en los mercados extranjeros, tanto con cédulas hipotecarias como con deuda Senior y otros. Cuando llego la crisis, no sólo se cerró el mercado de papel comercial con garantía de títulos cuyo subyacente eran hipotecas subprime, sino también los de las cedulas hipotecarias que no tenían nada que ver con las anteriores ya que dichas hipotecas eran las mejores y además se mantenían en el balance del banco que las emitía, por lo cual tenia que hacer frente a su riesgo. En ese momento el pánico hizo que los inversores no distinguieran el riesgo entre unos y otros. .. los mercados financieros se “renacionalizaron” de nuevo… A pesar de que bancos y cajas españoles han sido mas prudentes que los demás países de la OCDE a excepción de Canadá, también están sufriendo las consecuencias sistémicas de la crisis financiera y de financiarse en los mercados mayoristas. De ahí que tuvieran que acudir a atraer depósitos pagando tipos de interés muy elevados y tuvieran que acudir al interbancario y a los préstamos del Eurosistema, que se incrementaron en un 20 por ciento respecto a 200, llegando su posición neta deudora hasta el 8,4% del activo total, y dentro de ella la del eurosistema al 1,8% de su activo. Además los activos dudosos se incrementaron desde el 0,9% del total en 2008 al 3,4% del total en 2008. De ahí que su ratio de cobertura (provisiones sobre dudosos) cayera del 183 por ciento solo el 1%, con lo que sus beneficios cayeron un 25%, pero su rentabilidad sobre recursos propios se mantuvo ligeramente por encima del 10 por ciento. Estas cifras son mejores que en los países centrales de la UE y que las de Estados Unidos. Por estas razones en España solo ha habido, hasta octubre 2009, la quiebra de una caja, cuyos activos representaban solo el 0,5 por ciento de los del sistema…”.
[8] En septiembre 2009 se decide incrementar IVA, pero también la imposición sobre las rentas del ahorro para importes mayores a los 6000 euros, pero con efectos globales netamente regresivos.
[9] http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/02/05/the-spanish-tragedy
[10] Según se sigue del documento del gobierno “Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013. España”.

8/2/10

Deterioro salarial y distribución de la renta


ANÁLISIS // ENTRE 1999 Y 2007 EL SALARIO MEDIO SÓLO CRECIÓ UN 1% //
NACHO ÁLVAREZ / Investigador del Departamento de Economía Aplicada I, UCM.
Miércoles, 3 de febrero de 2010

El estallido de la crisis ha desencadenado un debate público sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo en la economía española. Tanto el Gobierno –a través del proyecto de Ley de Economía Sostenible– como la patronal y las grandes centrales sindicales han hecho públicas sus posiciones al respecto.. Sin embargo, hay un elemento que sigue sin estar en el centro del debate: la necesidad de que el cambio en el modelo productivo se ancle a un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza.

Durante los últimos 15 años, el Producto Interior Bruto (PIB) español ha crecido más de un 60%. Sin embargo, los beneficios de dicho crecimiento han sido repartidos de forma sumamente desigual. Mientras que las rentas del capital experimentaban un crecimiento extraordinario durante estos años, las rentas de los hogares asalariados han permanecido prácticamente estancadas.


Mayor Desigualdad


Según datos del Barómetro Social de España, entre 1999 y 2007 los beneficios empresariales experimentaron un crecimiento (en términos reales, una vez descontada la inflación) de casi el 50%. El valor de las acciones y demás activos financieros aumentó un 90%, y el patrimonio inmobiliario se revalorizó un 125% aproximadamente. Durante este periodo el salario medio apenas creció un 1%, la pensión media un 18% y la prestación media por desempleo un 4%.

Como consecuencia de todo ello, el peso que los salarios tienen en la renta nacional no ha hecho sino disminuir durante la última década, pasando del 60% al 55%. Paralelamente, el ratio entre el patrimonio medio del 25% de hogares más ricos y del 25% de hogares más pobres pasó de 33,4 en 2002 a 41,0 en 2005. Este aumento refleja el incremento de la desigualdad entre asalariados y hogares cuyas rentas provienen en mayor medida de activos financieros e inmobiliarios.

¿Cómo entender entonces que, en este contexto de regresión social, el consumo privado haya actuado como uno de los motores del crecimiento? Debido a que el sostenimiento de los elevados ritmos de consumo se ha asentado en un fuerte nivel de endeudamiento, así como en una sostenida reducción del ahorro medio por hogar. Pero también la deuda de los hogares esconde realidades muy diversas: mientras que para el 40% de hogares de menores ingresos la carga anual de esta deuda como porcentaje de su renta es superior al 30%, para el 20% de hogares más ricos apenas es del 10%. Es decir, que la clase trabajadora ha experimentado el endeudamiento y el desahorro como una imposición –fruto de la regresión salarial– para sostener su nivel de consumo (en particular, el acceso a la vivienda).

Además, la enorme creación de empleos entre 1996 y 2008 (con más de 500.000 empleos netos al año) no ha frenado este vendaval de redistribución regresiva. La causa ha sido la continua pérdida de derechos laborales y la fuerte extensión de la precariedad. La masiva proliferación de los contratos temporales, así como la fuerte rotación en el puesto de trabajo, el progresivo abaratamiento del despido y, en definitiva, la desreglamentación del mercado laboral, han conllevado crecientes dificultades de reivindicación y negociación sindical y, con ello, un generalizado deterioro salarial.

La llegada de la crisis ha evidenciado el fracaso económico y social de este modelo productivo y distributivo. Pero esto no ha impedido que sus efectos golpeasen con mucha mayor intensidad a los hogares asalariados que a las rentas del capital: se ha impuesto la congelación salarial y se han perdido 1,4 millones de puestos de trabajo entre 2008-2009; mientras tanto, la bolsa española se ha revalorizado un 75% entre marzo y diciembre de 2009. Este proceso de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas no revierte –al contrario, intensifica– el patrón de distribución de la riqueza de estos últimos años.

Un verdadero cambio de modelo productivo exigiría un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza, que introdujese un giro de 180 grados en la tendencia de regresión social de estas últimas décadas. El resto son meros brindis al sol que no se traducirán en una mejora sustancial de las condiciones de vida de la mayoría social.

http://www.diagonalperiodico.net/Deterioro-salarial-y-distribucion.html

3/2/10


NO A LA JUBILACIÓN A LOS 67,
POR UNAS PENSIONES DIGNAS
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS


La profunda crisis capitalista que padecemos ha sido enfrentada por el gobierno y la patronal con nuevas agresiones a los derechos y salarios de la clase trabajadora. Por eso, hoy más que nunca, afirmamos alto y claro: ¡la crisis no la han generado los y las trabajadoras!

En todo este tiempo de recesión el gobierno ha empleado ingentes recursos para salvar al sistema financiero, subvencionar –sin condición alguna- a industrias insostenibles como la de la automoción, facilitar instrumentos desfiscalizados de inversión (SOCIMI) a la construcción, o ha dilapidado recursos en planes de inversión local sin orientación razonada. Los principales actores desencadenantes de la crisis son los que reciben todo el apoyo del gobierno, mientras que la tasa de paro asciende a casi el 19% -son más de 4.300.000 los y las desempleadas- mientras que el conjunto de la clase está atemorizada por su futuro social y laboral. Así las cosas, el déficit fiscal, tras este rescate del Estado del sector empresarial privado, se ha disparado hasta cerca del 10% del PIB, cuando hace pocos años estábamos en superávit.¡Y ahora quieren que lo paguemos los y las trabajadoras!

El modelo laboral está basado deforma creciente en el trabajo precario, la moderación salarial es excesiva, los derechos no han dejado de recortarse. Desde esta realidad resultan ridículas las explicaciones de las patronales y los políticos neoliberales o socialiberales que señalan como causantes de la crisis la regulación del mercado de trabajo, los salarios o las pensiones. ¿Por qué no se pone en cuestión la política económica que pone al Estado al servicio de la ganancia privada, la irresponsabilidad, la explotación y el abuso de las grandes empresas? Empresas y empresarios que, además, practican el fraude fiscal laboral generalizados.

El gobierno se ve desenmascarado. La salida a la crisis la quiere hacer soportar sobre la espalda de los y las trabajadoras: bonificación a la contratación juvenil –que no creará empleo, pues este medida sólo modifica el lugar en la cola del paro de un colectivo frente a otro, y que sólo abarata costes a las empresas- y, lo que es más grave, una gran agresión modificando el sistema de pensiones.

Propuesta de Reforma del Gobierno sobre pensiones:

Þ Ampliación edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Gradualmente, entre 2013 y 2025. Supondrá tener más tarde y durante menos tiempo un derecho fundamental.
Þ Ampliación periodo de cómputo medio de las bases reguladoras para el cálculo de la pensión. Supondrá una reducción media de la pensión. La que realizó pasando de 8 a 15 se estima que recortó un 15% en la pensión media. Se pasa, también de 15 a 17 los años mínimos exigidos para acceder a prestación contributiva. Eso supondrá que muchos jóvenes actuales y muchas mujeres desde ya pasen a tener sólo derecho a pensiones no contributivas -esto es, hipotéticamente, pasar de obtener unos 850 euros a unos 350 euros-
Þ Modificación de la regulación de Expedientes de Regulación de Empleo para dificultar las prejubilaciones.
Þ Modificación régimen de pensiones de viudedad para limitar su compatibilidad con pensiones contributivas. Va en detrimento del derecho de mujeres a las que no se les compensará la situación económica subordinada en la familia durante su biografía.
Þ Integración regímenes de la seguridad social. Esto no es una medida nueva, ya estuvo pactada en el 2006 y no se ha cumplido aún.

Consecuencias.
- Medida innecesaria. El sistema de Seguridad Social goza de buena salud financiera. En palabras de Corbacho “El Fondo de Reserva cuenta con 60.000 millones de euros y se acaba de cerrar un ejercicio presupuestario con un superávit de más de 8.000 millones”.

- Medida injusta. Recorte de un salario indirecto y diferido. El retraso de la edad de jubilación supone tener que trabajar más, obtener la pensión más tarde. El sistema de cómputo si se amplían los años para hacer la media ocasionará una reducción sustancial de la jubilación media. El cambio de 8 a 15 años, en la anterior modificación, ya supuso una caída del 15% en la pensión media.

- Medida contra el futuro de las generaciones jóvenes, precisamente las que se encuentran con un modelo laboral y de ingresos más precario, y que con más dificultades y en peores condiciones llegarán al momento de la pensión.

- Interpretación errónea o perversa de la evolución demográfica. Durante el siglo XX, lo que se vino en llamar la I Transición Demográfica, con la caída de la mortalidad infantil y la generalización del sistema sanitario y sistemas de higiene, se produjo un aumento histórico de población. Tras 1970, el control de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, añadido a los anteriores fenómenos, generaron un envejecimiento relativo de la población. Las pirámides poblacionales se han invertido parcialmente. Pero, una vez la generación del baby boom desaparezca vegetativamente se reestablecerá el equilibrio de la pirámide poblacional. Será un período transitorio que no tendrá un impacto de más de 15-20 años. No tiene porque ser un problema en un contexto de sociedades ricas. Aunque exigirá una modificación asumible en los presupuestos públicos y régimen de ingresos fiscales. En sociedades donde abundan los recursos el problema no radica en la carestía sino en la distribución justa de los mismos, y en una asignación de las prioridades más adecuada.

- Medida interesada. El deterioro de las pensiones es un reclamo a potenciar los planes de pensiones privados, a los cuáles solo las clases medias altas pueden aportar significativamente recursos para la jubilación. Esto abre un mercado favorable a los intereses grupos de seguros y financieros privados.

¿Y los sindicatos qué?

Resulta ingenuo reclamar un simple “cambio de cultura empresarial” o seguir la letanía de queja moral rogando que no seamos “los únicos paganos de la crisis”. La actual crisis no apareció por unas malas prácticas empresariales y bancarias, sino que es producto de una relación estructural que aboca a orientar al capital a la ganancia y a la explotación del trabajo y la naturaleza. Por eso hay que levantar la bandera: “nuestras vidas valen más que sus beneficios”. Sólo un control social democrático y público del excedente y de la producción puede acabar con una asignación injusta e ineficiente de los recursos.

Entre sus propuestas prácticas no se va más allá de exigir mejoras pírricas de la protección social, el reparto del paro –“modelo alemán” para compatibilizar reducción de jornada, reducción de salario y prestación de desempleo- y una moderación salarial incomprensible –cláusulas de revisión salarial a tres años-. Su tímido e inmaduro giro keynesiano confía en un capitalismo de rostro humano, que nunca llega ni puede existir. El ansia y mitificación de un pacto social armónico con un enemigo de clase provocador y depredador con el que no caben puntos de encuentro, no puede albergar más esperanza que el retroceso en nuestras condiciones de vida y trabajo.

Es fundamental la movilización sindical y la acción política, sin confiar ni en un Pacto de Toledo atrapado por una orientación neoliberal ni mucho menos en trámites en un parlamento de derechas, con un sistema antidemocrático de representación política. Sólo la lucha paga.

Nuestras propuestas: Alternativas favorables para las y los trabajadores

A) Transformar la política económica para dar más énfasis a la inversión pública sostenible, productiva y generadora de empleo orientada a satisfacer necesidades sociales y medioambientales. Regulación del sistema financiero, orientación del excedente empresarial hacia inversión socialmente útil, y socialización del crédito en manos públicas y bajo control social.
B) Modificar las prioridades del presupuesto público para aumentar las aportaciones al sistema público de pensiones, durante el período que se requiera.
C) Reducir las ingentes subvenciones al capital dentro del capítulo de gasto público (subvenciones a las empresas, bonificaciones y subvenciones a la contratación).
D) Modificar el régimen fiscal. En general, complementar cualquier futuro déficit con impuestos progresivos y directos, y eliminar desgravaciones innecesarias, y pasar las desgravaciones en la base imponible a la cuota.
· Impuesto de sociedades. Eliminación desgravaciones y deducciones. El sistema de módulos debe tender a la extinción.
· Recuperación Impuesto Patrimonio: mayores tipos y progresividad.
· Aumentar progresividad y capacidad recaudatoria, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con un mínimo exento por vivienda habitual.
· Eliminación de desgravaciones fiscales en el IRPF, aumentar tipos a rentas más altas.
E) Aumentar las cuotas y progresividad de las cotizaciones a la seguridad social Sistema progresivo de cuotas en función de la renta.
F) Eliminación topes de cotización rentas salariales más altas.
G) En su caso, desarrollar políticas de reparto del trabajo y el empleo, sin reducción salarial.

Nosotros decimos no a este cambio del sistema de pensiones. El sistema es viable, no nos dejemos engañar. Si se quiere reforzar su sostenibilidad, primero que se planteen medidas de reparto de la riqueza y freno a la explotación; y que se desarrolle un modelo económico al servicio de las necesidades sociales, de carácter democrático, con mayor peso de lo público y bajo control social.

Para ello, consideramos que es necesario profundizar en la movilización social, política y sindical, denunciando estas agresiones, planteando alternativas, exigir al poder cambios y cuestionando al gobierno, la patronal y las políticas de derecha, las haga quienes las hagan. Es imprescindible preparar los contenidos y los objetivos para movilizar a la ciudadanía y al movimiento obrero mediante un reguero de resistencias y también de luchas a la ofensiva. Es necesario preparar una movilización general. Hace falta ya una Huelga General.

1/2/10

La teoría de las ondas largas de acumulación y los debates en litigio

Daniel Albarracín, 2009 
Desencajes empíricos para la teoría de las ondas largas.
La teoría de las ondas largas ha constituido un modelo de interpretación del desarrollo capitalista de la acumulación muy fecundo y que ha permitido durante mucho tiempo comprender el curso de la economía internacional. La acumulación capitalista observaba una correlación muy estrecha con la evolución de la tasa de rentabilidad. Ernst Mandel (1972) planteó un modelo abierto que incorporaba factores sociales y políticos, en el que la lucha de clases estaba en el centro, que se articulaban con factores técnicos y económicos, y que ayudaba a interpretar cómo la evolución de la acumulación capitalista formaba tanto ciclos industriales de medio plazo, como ondas largas que suponían fases de prosperidad a las que sucedían fases depresivas con cierto grado de automaticidad. La teoría también explicaba que si bien el paso a una fase depresiva era prácticamente endógena, el paso a una fase de prosperidad dependía de factores diversos no automáticos como podrían ser factores de luchas sociales, guerras, cambios políticos y laborales, aparición de nuevos mercados, materias primas o sistemas técnicos de producción, situaciones que, en suma, podían traducirse en cambios en la formación estructural de la tasa de rentabilidad, o en su propia evolución.