Las condiciones y consecuencias del rescate bancario español

1 de Julio de 2012

Daniel Albarracín y Alejandro Ramírez

El 29 de Junio, en la cumbre de la eurozona, se acordó una declaración que incide directamente en el mecanismo según el cual se aplicará el “rescate” al sistema bancario español. Queda por conocer varias de las condiciones concretas que sólo tendrán certeza una vez dispongamos del Memorando que las establezca. Simplemente, apenas sabemos un poco más de lo que se avecina.

Se han modificado algunas de las condiciones previstas y van a ser empleadas por el gobierno como quien pone una pica en Bruselas. Todo se pintó muy feo al principio y cuando a un túnel oscuro se le pone una vela al ahorrarnos los tropiezos las sensaciones son mejores. Pero este túnel nos dirige igualmente a un destino fatídico.

Aunque la facilidad de crédito europeo para recapitalizar bancos españoles dispondrá de un tope de 100.000 millones de euros, se espera que la cantidad que se utilice al final ronde los 60.000 millones, en línea con las estimaciones de necesidades adicionales de capital de las auditoras Wyman y Berger. De acuerdo a la declaracion de los jefes de estado y de gobierno de la eurozona, el crédito para recapitalizar bancos será concedido en un principio por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) al FROB y el Estado español será el responsable de su devolución. Cuando comience a funcionar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el crédito será traspasado del FEEF al MEDE. La primera novedad de la declaración reside en el hecho que especifica que en el futuro el MEDE podrá proveer fondos para recapitalizar directamente a los bancos sin utilizar al Estado como intermediario de modo que dichos créditos no computen come deuda pública adicional del país receptor.  La declaración deja claro que esta posibilidad solo podrá emplearse una vez que se haya establecido un supervisor supranacional Europeo, en cuyo trabajo participe el BCE. La condicionalidad tiene una lógica clara: si los Estados no van a ser los responsables de devolver los créditos para recapitalizaciones bancarias la responsabilidad de aplicar la condicionalidad y el control sobre como se emplean estos fondos deberá residir en un nuevo ente supervisor.

La segunda novedad de la declaración consiste en que especifica que aun cuando el crédito para recapitalizaciones se traspase del FEEF al MEDE en el futuro, el MEDE no se constituirá en acreedor prioritario en caso de impago. El FEEF nunca gozó de este privilegio de manera formal mientras que el MEDE sí. Se temía que convertir formalmente a un acreedor tan importante como el MEDE en acreedor prioritario presionase al alza la prima de riesgo de la deuda soberana ante el temor de los acreedores privados de quedar subordinados al derecho de devolución prioritario del MEDE en caso de impago.

La referencia de la declaración a la capacidad del FEEF y el MEDE de intervenir en los mercados de deuda soberana de la eurozona usando al BCE como agente, no constituye una novedad.

El Gobierno querrá vender que la operación no acumulará más déficit público, que no será el Estado, a través del FROB, quien responda de los intereses. Ahora bien, la recapitalización directa a los bancos está condicionada a que el BCE asuma un nuevo papel de supervisor único del sistema bancario europeo, algo así como el policía financiero que hasta ahora debiera haber sido el Banco de España. En la declaración se espera que eso suceda en seis meses. Eso quiere decir que mientras tanto los intereses de los tramos del rescate que vengan sí ocasionarán mayor déficit, pues pasarán por el FROB. Lo que no se explica es que nadie se cree que una operación tan compleja y que requiere tanto consenso en tantos países se realice en tan breve plazo. Más bien parece un gesto dilatorio, una jugada inteligente de Merkel, porque mientras no se dé ese inmenso poder al BCE serán los Estados los que sigan garantizando la operación. Esto es, Merkel sólo admitirá la recapitalización directa si el BCE obtiene plenos poderes. Y hay dudas razonables para alcanzar un consenso así.

No obstante, este conjunto de mecanismos, que aliviarían algunas condiciones iniciales, no pueden ocultarnos el gran compromiso que adquiere la ciudadanía a través del Estado y sus políticas que van a adoptar un carácter más disciplinario si cabe. En efecto, El Estado español ya está obligado a cumplir con un severísimo ajuste fiscal por el Procedimiento de Déficit Excesivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para poder cumplir con el objetivo de alcanzar un déficit del 3% del PIB en el 2013. Bajo el marco del Semestre Europeo, España también se ha comprometido ante sus socios europeos a realizar toda una serie de reformas estructurales marcadamente neoliberales. Una vez que el FEEF o el MEDE concedan el crédito para recapitalizaciones a bancos españoles la UE supervisará directamente a la banca española y la Troika (Comisión, BCE, FMI) tutelará directamente la política económica del gobierno con una doble orientación: pagar la deuda pública a toda costa y aplicar todas las medidas posibles para liberar recursos que garanticen ese objetivo. En este sentido, se comenzará con un programa de ajustes muy severo, cargando sobre unas cuentas públicas duramente adelgazadas, especialmente en lo que concierne a políticas y servicios esenciales. Aunque el crédito para recapitalizaciones bancarias se acabe traspasando al MEDE y el Estado español consiga desembarazarse de su papel de intermediario y responsable de la devolución del préstamo, la ciudadanía española habrá perdido la capacidad de decidir sobre el futuro de la reestructuración de su sistema bancario.

Las próximas medidas del programa de ajuste al que está sometido España para poder alcanzar el quimérico objetivo de déficit del 3% para el 2013, van a consistir en  un alza importante del Impuesto del Valor Añadido. Se esperan reordenaciones del gravamen de algunos productos y servicios, que podrán pasar de tipos superreducidos (al 4%) al reducido (al 8%), o de éste último al normal (18%), sin descartarse incrementos de los tipos para armonizarse con los más altos establecidos en países del entorno. Esto equivaldrá a que bienes elementales como los alimentos y servicios cotidianos como los hosteleros puedan sufrir en la práctica un incremento del impuesto en un 125%. El IVA no sólo es un impuesto que genera un mayor esfuerzo fiscal en las rentas más bajas, también afecta al consumo y propicia la depresión.

Otra modificación esperada será la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda, no se sabe bien en qué términos. Esta, que se recuperó hace poco, podría desaparecer otra vez. En nuestra opinión, esta desgravación premia la compra de vivienda frente al régimen del alquiler (endurecido recientemente). No es negativa su desaparición. Pero sí lo será sobre familias asfixiadas que afrontan el pago de su hipoteca. Y sobre todo lo es en ausencia de medidas alternativas, como por ejemplo pudiera ser el impulso a un régimen de alquiler social asequible y un abordaje sobre el inmenso e inutilizado parque inmobiliario en manos privadas. Asimismo, todo apunta a que se vuelve a la carga con el retraso en la edad de jubilación y una nueva reducción salarial de los y las empleadas públicas, sin descartar incluso despidos. Este castigo social causará más conflicto social.

En suma, quizá, en algún futuro ignoto, con esta modalidad de rescate el avalista no sea el Estado como se preveía. No obstante, este seguirá siendo el instrumento de garantía a través del compromiso firme de pagar la deuda a toda costa. Suficiente rescate ya están realizando los últimos gobiernos en los años recientes para socializar las pérdidas por diferentes vías del capital privado, con medidas de desfiscalización, amnistías fiscales y generosos rescates financieros, mientras se han aplicado medidas propias de un Robin Hood al revés. Los beneficiarios de esta operación serán aquellos que verán asegurada la devolución en plazo de los fabulosos compromisos de deuda de la banca privada española, fundamentalmente bancos centroeuropeos. También, por el momento, se descartarán defaults que activen los seguros de impago que están sobre todo en manos de la banca estadounidense. Seguramente Obama ha intervenido en su favor en este capítulo.

Las consecuencias de estos rescates no supondrán un nuevo fluir del crédito, porque estas inyecciones directas de capital servirán únicamente para paliar las maltrechas cuentas de los bancos, mediante nuevas provisiones. Tampoco resolverán el voluminoso problema de activos tóxicos de la banca, que aún cuenta con un problema como el enorme parque inmobiliario en su poder, extraordinariamente sobrevalorado, y un sin fin de operaciones con diferentes sectores asfixiados, ahogados por la pinza de una rentabilidad algo menor y unos costes financieros crecientes, incapaces de devolver sus deudas.

En este contexto, es preciso poner en pie alternativas. Estas no pueden ser otras más que la exigencia política y ciudadana de no admitir esta socialización de las deudas privadas al tiempo que se declare el impago de todas las deudas ilegítimas y odiosas, en paralelo a la expropiación de la banca privada que no haya cumplido con criterios de gestión responsable y que no se sujete a una fuerte regulación que oriente el crédito a actividades socialmente útiles en condiciones financieras favorables. Parece imprescindible la recuperación de una banca pública, dirigida por nuevos actores procedentes del mundo del trabajo y sujetos comprometidos políticamente con nuevos criterios económicos a favor de las necesidades sociales y ecológicas, bajo un control social, unos objetivos democráticamente establecidos y un comportamiento financiero transparente. Ni que decir tiene que en esta operación hay que denunciar al gobierno no sólo por incumplir su programa, que también era antisocial en cualquier caso, o descaradamente falsear lo que sucede y lo que pretende, sino reclamar cuanto antes unas elecciones anticipadas, con un proceso de deliberación participativa que abra un nuevo proceso constituyente que acabe con los privilegios de la minoría que quiere blindar su rentabilidad a costa del presente y el futuro de la mayoría social y de las futuras generaciones.